Opinion

Maltrato trivializado

Los asesinatos en Alovera (Guadalajara) de Sylvina Bassani y de su pareja a manos del ex marido de la joven ha agudizado, por la deficiente respuesta ofrecida por los poderes públicos para proteger a las víctimas, la impotencia y la rabia que caracterizan los casos de violencia doméstica que culminan en un desenlace fatal. En un contexto de cuestionamiento sobre la eficiencia de la Administración judicial tras la cadena de errores del 'caso Mari Luz', la sobrecarga de trabajo en el juzgado encargado de velar por la seguridad de Sylvina y la evidencia de que ni la orden de alejamiento contra su agresor ni el uso de una telealarma bastaron para salvarle la vida confrontan, una vez más, a las instituciones y al conjunto de la sociedad con las carencias del sistema para prevenir y erradicar el maltrato. Unas carencias aún más notorias en este crimen ante la cuestionable actitud de la psicóloga que desdeñó la amenaza que pesaba sobre la víctima y, particularmente, ante las inaceptables declaraciones del fiscal superior de Castilla-La Mancha dando por hecho que Sylvina contaba con un «grado de protección importante» porque su nuevo compañero era militar.

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No es la primera vez que las manifestaciones de quienes deben aplicar las leyes contra la violencia doméstica, a través de expresiones públicas o en la redacción de sus sentencias, contribuyen a deslegitimar el valor de las denuncias y a crear un pernicioso halo de condescendencia en torno a los agresores. Los ejemplos menudean y van desde el juez de Manresa que en 2000 dejó en libertad sin fianza a un hombre acusado de degollar a su mujer porque no existía «riesgo de reincidencia» a aquellos magistrados que se han amparado en el atuendo o la preparación intelectual de las víctimas para descartar que respondieran al perfil de víctimas, pasando por quienes priorizan atenuantes como la embriaguez al castigo que precisarían los ataques y el amedrentamiento continuados. Las puntualizaciones efectuadas anoche por el fiscal manchego, lejos de explicar el sentido de sus palabras, ponen de manifiesto la intolerable trivialización en que ha incurrido sobre el peligro que acecha a las mujeres maltratadas. Porque la eficacia de la respuesta ante semejante lacra depende no sólo del impulso del legislador y de los recursos que se asignen para ejecutar las leyes, sino esencialmente de la profesionalidad y del compromiso de todos aquellos que han de asegurar su cumplimiento en su quehacer cotidiano.