El subdelegado cierra de nuevo la crisis de los inmigrantes y cree que actuó «bien»

Le habían pedido que «diera la cara» (el PP) y tres semanas después del inicio del bulo de la regularización de inmigrantes, el subdelegado del Gobierno, Sebastián Saucedo, lo hizo para explicar la gestión de Subdelegación en la crisis y darla por cerrada. Reconoció errores, como haber pensado de forma prematura el pasado viernes que el problema se había solucionado o no haber informado lo suficiente. Sin embargo, fue contundente al asegurar que en las 21 detenciones del pasado lunes «en ningún caso se puede hablar de represión» y que en todo momento en su actuación ha primado «la preocupación por los perjuicios ocasionados a los inmigrantes». «Lo hemos hecho bien», resumió.

Saucedo hizo un balance cronológico de los hechos, relatando que los primeros afectados por la falsa noticia de una regularización extraordinario fueron un grupo de saharauis, al que luego se sumaron subsaharianos. «Desde el principio se ha tratado de informarles de que no existía ningún proceso extraordinario y que la respuesta iba a ser la misma que en cualquier otro lugar», explicó, al tiempo que hizo hincapié en la labor de con los inmigrantes de la asociación Cardijn y especialmente de Cruz Roja, ésta tanto de tipo asistencial como informativa. En este sentido aseguró que el diagnóstico de ambas asociaciones fue el mismo: «Nos preocupaba que habían venido para nada», puntualizó.

Saucedo reconoció que el viernes pasado, visto que la Cruz Roja había facilitado ayuda para retornar a sus puntos de origen a 75 inmigrantes, consideró que se podía haber superado una crisis que calificó de «novedosa» para Cádiz pero que ha sucedido en otras regiones. Sin embargo, vistas las largas colas del lunes, y ante los indicios de la llegada de extranjeros «de Bélgica y Francia» y los testimonio sobre mafias que habían cobrado para traer a los extranjeros, se decidió actuar. Ello para evitar «un efecto llamada» y que más inmigrantes «sufrieran perjuicios» por el bulo. Respecto a las mafias, Saucedo afirmó que el proceso «no se originó en Cádiz» pero que el Cuerpo Nacional de Policía seguirá investigándolo en el ámbito provincial.

Sobre la parte más polémica de la crisis, la detención de los 21 inmigrantes el lunes, insistió en que la labor de los policías fue la de «informar y pedir la documentación en controles preventivos» y que «en ningún caso se puede hablar de represión» ni se utilizaron «elementos disuasorios». La actuación ha tenido desde el principio el objetivo de «recuperar la normalidad» de funcionamiento de la Oficina, objetivo que para Saucedo se ha cumplido. «Se han tramitado 1.200 peticiones en tres semanas, y ni una sola incorporaba un contrato de trabajo», acotó.

La Oficina ayer registró un sensible descenso del número de estos inmigrantes, en parte porque desde primera hora sólo se dieron 40 números para atenderles. El responsable de Inmigración de la Secretaría de Política Social y Migraciones de CC OO en Cádiz, Francisco Fernández, lamentó que no se haya contado con este sindicato en la crisis y que se haya recurrido a los controles policiales. «No es la forma más adecuada, ha faltado agilidad para verlo venir», aseguró. También pidió que ahora se produzca «un análisis» para que evitar que esto se repita.

Respecto a las críticas a la gestión, Saucedo dijo «entenderlas, pero no compartirlas». «Hay opiniones que sin saber lo que se está haciendo ya lo califican», advirtió, y aseguró que a la Subdelegación lo que le toca es «hacer cumplir la Ley». También se refirió, sin nombrarlas, a algunas ONG, a las que acusó «de no estar de acuerdo con la legalidad» y defender la política de «papeles para todos».

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Pendientes de los detenidos

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) calificó ayer de «interpretación extremista y descabellada» de la Ley de Extranjería la detención de los 21 inmigrantes ocurrida el lunes en la Oficina de Extranjería y pidió que en cumplimiento de la doctrina del Tribunal Supremo sobre el tema no se les interne para posteriormente abrirles expedientes de expulsión.

La Asociación volvió a mostrarse muy crítica con la actuación de la Subdelegación en este asunto y la acusó de «vulnerar los derechos» de los 18 inmigrantes que aún permanecen detenidos, asegurando que «han contado con un sólo abogado de oficio para trece personas» y que el «único» intérprete de francés de la Comisaría «difícilmente da abasto para cumplir con sus funciones en todo el procedimiento». La APDHA pide por estas razones que se rectifique el proceso y se evite pedir el internamiento y la posterior expulsión, «aplicando la jurisprudencia del Tribunal Supremo».

Fuentes policiales explicaron que los 18 detenidos seguían ayer pendientes de la decisión judicial sobre su posible internamiento en el CIE de Algeciras, que de confirmarse podría provocar su traslado hoy mismo.