El Gobierno expedienta a la secretaria de un juzgado de Sevilla por el 'caso Mari Luz'

El Ministerio de Justicia ha abierto un expediente por falta grave a Juana Gálvez, la secretaria del Juzgado Penal 1 de Sevilla, el órgano que tardó más de dos años en ejecutar la sentencia que habría supuesto el encarcelamiento de Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortes, que murió en enero pasado. El ministerio abrió el expediente a propuesta del secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el instructor de la investigación, quien, tras auditar el juzgado y la documentación del caso, consideró que la secretaria puede ser responsable de «negligencia o retraso injustificado en el cumplimiento de las funciones inherentes al puesto de trabajo o funciones encomendadas».

La medida de Justicia se suma a la cadena de depuración de responsabilidades iniciada el pasado 7 de abril con la apertura por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de un expediente por una falta muy grave de desatención de sus funciones al titular del Juzgado penal 1 de Sevilla, Rafael Tirado.

Gálvez es la única funcionaria de este juzgado sobre la que tiene competencia el ministerio por lo que ahora habrá que ver si la Junta de Andalucía, competente sobre el resto del personal, y la Fiscalía, que ejerció la acusación en la causa, consideran que hay que abrir otros expedientes disciplinarios para investigar las posibles irregularidades de otras personas implicadas en este escándalo judicial.

Trámites dilatorios

La Inspección del CGPJ llegó a la conclusión de que la demora de dos años, dos meses y nueve días en ejecutar la sentencia firme por abusos sexuales contra Del Valle fue debida a «trámites dilatorios, errores y omisiones» cometidos por los funcionarios y la secretaria judicial, que fueron consecuencia de «la pasividad», la «dejación de funciones» y la «ausencia de control» por parte del magistrado Tirado sobre la actividad de los funcionarios. La investigación concluyó que el juez incumplía «de forma habitual» sus obligaciones de asegurar la ejecución de las sentencias, «ya que no existía ninguna actividad de supervisión y control» sobre el trabajo de sus subordinados.

El informe defiende que se llega al error judicial porque la secretaria y el juez, en vez de ordenar de inmediato la detención y encarcelamiento del condenado, perdieron un año y ocho meses en tratar de averiguar su domicilio para citarle en el juzgado. Añade que cuando ya se dieron cuenta que no lo conseguirían, en vez de dictar una orden de detención, perdieron otros cinco meses de forma innecesaria en lograr que la Fiscalía les dijese si le parecía bien tomar esta medida.

El Poder Judicial envió copia íntegra del documento tanto al Ministerio de Justicia como a la Fiscalía General del Estado y a la Junta de Andalucía, con la intención de que «valoren las conductas de los funcionarios intervinientes sometidos a su potestad disciplinaria» dentro de las investigaciones abiertas en sus áreas de competencia.

Las críticas de la Inspección no sólo se referían a los errores que se habían detectado en el trabajo de algunos funcionarios del Juzgado Penal 1, sino también al papel de los acusadores (Fiscalía y Junta de Andalucía ) en esta causa. Entendió que, pese a los más de dos años de dilaciones para ejecutar la sentencia, «no denunciaron demoras o irregularidades en la tramitación de la ejecutoria, ni recurrieron las resoluciones».