Encauzar el agua
El acuerdo sellado ayer en Barcelona entre el presidente de la Generalitat y la ministra Elena Espinosa para prolongar el minitrasvase del Ebro hacia Cataluña ha reavivado la polémica sobre el reparto de agua en España, para la que los sucesivos gobiernos no han logrado encontrar una solución de consenso. La fórmula elegida para llevar agua de boca a Barcelona y su área metropolitana, a partir de la compra de parte del excedente que corresponde a los regantes del Consorcio de Aguas de Tarragona, salva teóricamente los obstáculos legales que prohíben trasvases desde la cuenca del Ebro, pero no ha impedido que se intensifiquen las denuncias de agravios entre las comunidades amenazadas por la falta de lluvia. Inacabado el mapa de las desalinizadoras puesto en marcha por el primer Gobierno de Rodríguez Zapatero como alternativa al Plan Hidrológico Nacional aprobado por el PP, la fuerte sequía del último cuatrienio ha agudizado el problema de abastecimiento en Cataluña, una de las comunidades que se opuso frontalmente al procedimiento de los trasvases entre cuencas. Y a la gravedad de la escasez hidrológica se ha sumado un perjudicial desencuentro político que ha venido enfrentando no sólo al Ejecutivo central con el primer partido de la oposición, sino a varias autonomías entre sí y a las propias fuerzas políticas catalanas.
Actualizado: GuardarLa imputación del coste del minitrasvase con las partidas para infraestructuras estatales comprometidas en la Disposición Adicional Tercera del Estatut constituye a priori una solución lógica, siempre y cuando el citado precepto, que podría plantear dudas de constitucionalidad, se mantenga vigente. La conveniencia de la medida pactada no soslaya su excepcionalidad, que representa en sí misma la necesidad de que los dos principales partidos desactiven la diatriba sobre los recursos hídricos y el Gobierno procure una solución global que evite potenciales desequilibrios entre comunidades asegurando un abastecimiento racional. La actitud responsable con la que la dirección del PP respaldó ayer la decisión adoptada en Cataluña, atemperando las resistencias de sus líderes territoriales, debería contribuir a un acercamiento de posiciones en un asunto que, pese a haber quedado excluido de las menciones a posibles pactos de Estado en este arranque de legislatura, requiere del consenso más amplio y duradero.
