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Condena del delito

El Papa Benedicto XVI subrayó ayer la gravedad de los casos de pederastia que han sacudido desde 2002 a la Iglesia católica de Estados Unidos al condenar los mismos como «una vergüenza que no se debe repetir». Sus palabras reflejan la voluntad del Vaticano de afrontar el serio deterioro que para su credibilidad supuso la revelación de tan aborrecibles delitos por parte de las víctimas de un trance tan doloroso. El Papa se refirió expresamente al escándalo en el vuelo que le trasladaba a EE UU, lo que simboliza tanto la envergadura de las imputaciones atribuidas a miembros de las diócesis de aquel país -las indemnizaciones suman ya 2.000 millones de dólares-, como la relevancia que ha adquirido el primer viaje papal al país norteamericano desde que estallaron las primeras informaciones sobre las violaciones y abusos a menores protagonizados por sacerdotes y encubiertos, en muchos casos, por sus superiores jerárquicos.

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Del mismo modo que resultaría tan desproporcionado como injusto responsabilizar al conjunto de la Iglesia por los delitos investigados y sancionados, también lo sería que éstos captaran en exclusiva el interés de una visita en la que el Papa se entrevistará con el presidente Bush, cuya decisión de invadir Irak no fue respaldada por el Vaticano, y pronunciará un discurso en la ONU en defensa de la dignidad del ser humano. Pero es la propia disposición de la Santa Sede a afrontar las consecuencias de las denuncias sexuales como uno de los objetivos del viaje la que lleva al Pontífice a trasladar un mensaje inequívoco a los creyentes y a toda la sociedad estadounidense sobre el compromiso de los máximos responsables de la Iglesia en la prevención, el repudio y la persecución de unas prácticas que quiebran brutalmente la ingenuidad de la infancia y causan secuelas difícilmente superables. No hubiese bastado con la condena genérica, ni con el apartamiento del sacerdocio de los hallados culpables. La consumación de la pedofilia no podía ser tratada en ningún caso como un pecado a purgar silenciosamente, dado que constituye un delito que requiere de una expresa deslegitimación y de una cooperación imprescindible con la Justicia para erradicarlo y resarcir a las víctimas.