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Editorial

Ejecutivo de estreno

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a primera reunión del Consejo de Ministros constituido tras las elecciones del 9 de marzo sirvió para la confirmación y el nombramiento de los primeros altos cargos dependientes de él. Horas antes, la imagen de la titular de defensa Carme Chacón pasando revista a las tropas que le rendían honores se había convertido en el reflejo más elocuente de la mayoría de ministras que se sientan en dicho Consejo. Sólo hace falta ver si la designación de las personas titulares de secretarías de estado, direcciones generales o al frente de organismos autónomos corrobora el compromiso paritario reiterado por el presidente o si, como ocurriera en las Cortes, deberán ser las ministras las que compensen los déficits que la paridad evidencia en otros ámbitos institucionales y en los cargos de designación. Por otra parte, la nueva estructura del Gobierno, con la creación del Ministerio de Igualdad, la vinculación de Universidades a Ciencia e Innovación, la integración de Asuntos Sociales en una misma cartera con Educación y Deportes, la asunción de las competencias medioambientales conjuntamente con las de agricultura y pesca, o la supresión de la Secretaría de Estado de Energía, además de suscitar dudas en cuanto a su eficacia, demandará probablemente una mayor dedicación en la dirección política por parte de las vicepresidencias y de la propia presidencia del Gobierno. La adecuación de las Comisiones parlamentarias a la distribución ministerial de las áreas de gobierno, propuesta ayer por Sáenz de Santamaría, parece pertinente para un adecuado seguimiento de la tarea del Ejecutivo por el Legislativo. Hay razones para pensar que el Gobierno de Rodríguez Zapatero desarrollará su tarea con la actual composición hasta inmediatamente después de la presidencia española de la UE, en el primer semestre de 2010. Lo cual es tanto como decir que tendrá que enfrentarse a las autonómicas vascas y gallegas, así como a las europeas, dando paso a otro Ejecutivo para afrontar los comicios al Parlamento de Cataluña, que correspondería celebrar en el otoño de 2010, y las elecciones locales y autonómicas de 2011. En cualquier caso, es de desear que el clima de transitoriedad que pudiera rodear a todas o a algunas carteras no repercuta negativamente en el desempeño de sus respectivas responsabilidades.