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TRIBUNA

Perfil profesional de los alcaldes gaditanos

Alo largo de toda la historia de Cádiz del siglo XX, ha sido una constante por parte de los distintos estratos sociales ambicionar el poder local con el único fin de conseguir el bastón de mando del municipio. Tal circunstancia hace de estos personajes públicos, una pieza clave en el devenir futuro del avance del territorio al ser los máximos responsables de la gestión local. El desempeño de esta función pública hace por tanto necesario realizar un estudio, con detenimiento, de los residentes de las casas consistoriales.

Sofía Martínez Molina y Rafael Ravina Ripoll
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Una posible línea de investigación puede ser analizar sus perfiles profesionales, con el fin de poder tener así un mejor conocimiento de la evolución social, el ciclo económico y la vida política de la ciudad. Dichos datos también pueden ser muy útiles e ilustrativos, a la hora de realizar una comparativa a escala tanto nacional como regional, sobre la cualificación educativa y laboral de los alcaldes, permitiendo descubrir si existe o no en las diferentes localidades una tendencia similar o no respecto a Cádiz.

Con relación a la elección del periodo 1931 al 2000 no ha sido de forma casual o al azar, sino es debida a que en este periodo de tiempo, es el único del siglo XX donde se da en España el sufragio universal (II República y en la Democracia). Durante estos años, el rasgo más característico de los gobernantes municipales de la urbe gaditana ha sido el de abogados, con un total de diez, que representa el 40% sobre el total del periodo examinado. Dicha presencia se debe a múltiples razones, quizás la más evidente sea la perfecta adecuación del presente cargo público con esta carrera universitaria al ser necesario un alto conocimiento por una parte del procedimiento y por otra de la legislación que regula, el día a día, la actividad municipal. La máxima estancia de este perfil concreto en el Ayuntamiento tendrá lugar en el franquismo, con cuatro letrados. Sin embargo, si se calcula la tasa porcentual de los abogados existentes en cada una de las siguientes épocas (II República, Dictadura y Democracia), se puede observar que persiste la misma proporción de profesionales del derecho tanto en el franquismo como en la etapa republicana. Alcanzando su amplia manifestación (con un 50%) en la Democracia, debido a que el periodo comprendido entre los años 1979 y 2000 sólo hay dos alcaldes.

Tras los juristas, se sitúan con tres alcaldes los industriales y militares. La llegada de estos últimos a la cúpula administrativa de los gobiernos municipales tendrá lugar durante la guerra civil. La aparición política de estos miembros de la fuerza armada debe ser interpretada como una función colateral a la acción militar, con la única idea de controlar a la ciudadanía y ganar la contienda. En este contexto, el 20 de julio de 1936, asume la alcaldía el comandante de artillería Eduardo Aranda, siendo sustituido una semana después por su suegro, el contraalmirante de la marina Ramón de Carranza. Sin embargo, este nuevo régimen dictatorial surgido de las armas sí contempla la posibilidad de acceder a los militares de alta graduación a los Ayuntamientos, algo impensable en un estado de derecho.

Unos años más tarde, en plena posguerra, Fernando de Abarzuza, toma el 14 de noviembre de 1941, el bastón de mando del Consistorio gaditano, convirtiéndose así este gaditano procedente de la alta burguesía en el último alcalde militar del siglo XX, teniendo que dimitir al poco tiempo por falta de salud.

Sobre los alcaldes empresarios hay que indicar, en primer lugar, su escasa representatividad, no llegando al 18% del total de los regidores (uno en la República y dos durante el franquismo). Este dato cuantitativo no debe pasar ignorado porque es fiel reflejo de la ausencia de una cultura emprendedora en la sociedad gaditana y que persiste en la actualidad. Esta carencia de personas dedicadas a la actividad mercantil como jefes de la alcaldía puede convertirse en uno de los elementos explicativos de la situación económica y social del municipio.

Siguiendo con este análisis de perfiles de los jefes del Gobierno local se sitúan los ingenieros con dos (uno en plena guerra civil y otra nuestra actual alcaldesa), cuya formación técnica es fundamental para resolver problemas relacionados con el urbanismo. En este sentido, Juan de Dios Molina va dedicar su máxima atención a la rehabilitación del barrio de Santa María y el Pópulo, y a la ampliación de la ciudad hacia la parte de Extramuros. Por último se encuentran con una sola presencia, las profesiones de educador y médico, ambas durante la II República.

De este breve estudio se detecta la nula presencia de economistas, historiadores y arquitectos, junto a la idoneidad de este cargo público con la carrera de Derecho. En definitiva, ser abogado es un valor en alza para ser un futuro alcalde.