Los dueños en pinar de Coig sostienen que «fueron inducidos a una conducta delictiva»

La Audiencia Provincial celebró el pasado miércoles el tercer juicio contra uno de los 25 propietarios del diseminado de pinar de Coig. En los dos casos anteriores los acusados fueron absueltos. El imputado responde a las iniciales de M.N.A. y se enfrenta a un presunto delito contra la ordenación del territorio por haber construido una vivienda ilegal sobre un Sistema General de Espacios Libres (SGEL), suelo catalogado como de máxima protección.

Las denuncias partieron del anterior equipo de Gobierno de Independientes Portuenses, que interpuso el correspondiente expediente-tipo contra cada uno de los 25 propietarios de este diseminado y los remitió a la fiscalía provincial. En parte, estos expedientes se abrieron debido a la presión constante que la asociación de Ecologistas en Acción realizó contra la gestión del anterior concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez. De hecho, la plataforma ha llevado ante los tribunales al anterior responsable de Urbanismo por un presunto delito contra la ordenación del territorio debido a «la pasividad y permisividad» que mostró con los propietarios de los diseminados ilegales.

«Inducción al delito»

El letrado de la defensa, José Miguel Pedrosa, sostiene que «su cliente ha sido inducido a una conducta delictiva, ya que el catastro urbano de la parcela indicaba que se podían realizar obras de urbanización sobre esta zona». Asimismo, manifiesta que «ningún cuerpo de seguridad como la Guardia Forestal o los agentes del Imucona se personaron para informar que mi cliente estuviera cometiendo ningún tipo de delito contra la ordenación».

En este sentido, el máximo responsable en política urbanística durante aquella época compareció en calidad de testigo para testificar sobre este caso.

El abogado defensor requirió la presencia de Juan Carlos Rodríguez para que testificara durante la vista oral. También comparecieron dos técnicos municipales de la concejalía de Urbanismo, con el propósito de fijar la fecha de la construcción de la vivienda.

A diferencia de otros diseminados, la sanción urbanística no prescribe a los cuatro años, al estar ubicado el inmueble sobre una zona de especial protección.

Por tanto, la Audiencia Provincial puede condenar a los 25 propietarios a la restitución de la legalidad, lo que conllevaría la demolición del inmueble.

Por su parte, el ex concejal de Urbanismo ha subrayado que «a pesar de la campaña que se ha orquestado contra IP, esto demuestra que hemos cumplido con la legalidad en todo momento».

De hecho, Juan Carlos Rodríguez ha querido subrayar que «la comisión de viviendas ilegales refleja que nunca se pusieron más multas coercitivas que durante mi mandato».

Además, el ex edil ha enfatizado en que «los expedientes abiertos en la zona del Barranco fueron obra mía y no del Gobierno del Partido Popular».

Por su parte, el vicepresidente de la asociación de diseminados ilegales (Fevema), Javier de Paula, considera que «los procedimientos judiciales no son el mejor método para solucionar el problema que acucia a estas viviendas ilegales».

De todos modos, el vicepresidente de los diseminados ilegales también ha manifestado que «acataremos la resolución del juez sin paliativos».

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