El PSOE aboga por consensuar «cuanto antes» con el PP la renovación del TC y del CGPJ

La reforma de la justicia se ha convertido en un tema prioritario al inicio de la legislatura y tanto el PP como el PSOE buscan una solución que normalice el caos que arrastran instituciones como el Tribunal Constitucional o el Cosejo General del Poder Judicial. De acuerdo en la necesidad de llevarla a cabo, el PSOE anuncia la intención de alcanzar un acuerdo urgente con el principal partido de la oposición.

La secretaria de Política Autonómica y Relaciones Institucionales del PSOE, Carmen Hermosín, ha afirmado que el rechazo del recurso del PP contra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional "despeja el camino" para que los 'populares' negocien la renovación de los magistrados del Alto Tribunal y la del CGPJ.

"Una vez declarado constitucional el procedimiento, queda despejado el camino para que el PP abandone su actitud y se siente a negociar, con el resto de los grupos políticos y especialmente con el PSOE", ha manifestado la dirigente socialista, que ha mostrado también la satisfacción de su partido con el fallo.

El ministro de Defensa en funciones ha recordado que el Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de la Constitución y que, por tanto, "hay que respetar" sus sentencias y ha hecho hincapié en que su renovación, cuyo método avala con la sentencia conocida ayer, hay que hacerla "en condiciones de consenso político".

El acuerdo con el PP, imprescindible

Una parte de la sentencia afectará directamente a la designación de los cuatro magistrados del Constitucional que elige el Senado y que, a partir de esa reforma de la Ley del TC, podrán ser propuestos por los parlamentos de las Comunidades Autónomas. Los grupos mayoritarios de la Cámara Alta, PP y PSOE, han anunciado su intención de esperar a conocer el texto completo de la sentencia antes de retomar esta cuestión.

Mientras tanto, el portavoz del PSOE en el Congreso ha acordado en una conversación telefónica con su homóloga del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, reunirse el jueves de la próxima semana, día 17, para empezar a negociar el asunto de las renovaciones en estos órganos, así como la composición de las comisiones parlamentarias, sus presidencias y sus mesas, según han informado fuentes parlamentarias.

Alonso ya había anticipado ayer, tras las dos primeras sesiones del Debate de Investidura, que hoy mismo iba a llamar a su homóloga del Partido Popular para concertar una cita y comenzar las negociaciones.

Un proceso estancado

El pasado mes de diciembre expiró el mandato de los cuatro magistrados nombrados hace nueve años por el Senado y entre los que se encuentra la propia presidenta del tribunal, María Emilia Casas Baamonde. La reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional introdujo la novedad de que puedan participar los parlamentos autonómicos en este proceso, proponiendo nombres, pero cuando el Senado les comunicó esta posibilidad, varios de ellos respondieron que no tenían previsto en su Reglamento cómo hacerlo y pidieron un aplazamiento.

Para garantizar la igualdad de todos los legislativos, la Mesa decidió así el 4 de diciembre posponer la renovación de los magistrados hasta la nueva legislatura, que comienza ahora.

El proceso contó desde el principio con la oposición del PP, que acabó llevando al Tribunal Constitucional la reforma del Reglamento de la Cámara por la que se abrió la puerta a los parlamentos regionales, con el argumento de que se hurta al Senado una de sus funciones constitucionales. Los 'populares' sumaron este recurso al que ya habían planteado contra la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, recurso que acaba de ser rechazado.

Los parlamentos autonómicos, a la espera

Si la nueva Mesa del Senado tiene interés en retomar la renovación, deberá decidir nuevos plazos y comunicárselos a las asambleas autonómicas, que pueden proponer hasta dos nombres cada una. Sin embargo, algunos aún no han reformado sus reglamentos y no han dado pasos sobre este asunto, que dejaron aparcado tras solicitar una moratoria.

Es el caso del Parlamento de Navarra, así como los de Cataluña o Extremadura, que se encuentran a la espera de que sea el Senado el que se vuelva a dirigir a ellos. También a la espera se encuentran en Galicia, donde PSOE, PP y BNG mantienen paralizada la negociación de los dos candidatos que propondrán para su incorporación al Tribunal Constitucional. Sin embargo, la Cámara gallega sí ha aprobado las normas de funcionamiento para poder hacer la propuesta, aunque con el voto en contra del PP.