Diversos grupos ecologistas piden la paralización del PGOU de Los Barrios

Los grupos ecologista Agaden y Verdemar-Ecologistas en Acción, junto a la Plataforma de Ciudadanos Rodeados por las Fábricas, han demandado hoy "la paralización del PGOU" de Los Barrios alegando una presunta ilegalidad del Consistorio, gobernado por el socialista Alonso Rojas, que es "quien realiza actuaciones en la parcela La Gertrudis y en la número cuatro de Guadacorte para la implantación de la fábrica de LPC".

Estos colectivos manifestaron en rueda de prensa que la implantación de la multinacional británica Leicester Paper Company Group (LPC Group) supone la utilización para "uso industrial" de la parcela de Las Gertrudis, que "es no urbanizable" y también la parcela de Guadacorte, que es "zona verde" según el Plan General de Ordenación Urbana en vigor.

Francisco Perea, miembro del colectivo ciudadano, hizo referencia a las "continuas denuncias y solicitudes de información" que han solicitado al Ayuntamiento sin respuesta, por lo que decidieron "acudir a la Fiscalía de Medio Ambiente", que ha abierto diligencias. Asimismo, informó que el martes acudirán a la Fiscalía provincial "para conocer más detalles del momento actual del caso".

Por su parte, los ecologistas optan por depurar responsabilidades ya que, a su juicio, "estamos ante un caso de posible prevaricación", y recordaron que el estudio de impacto ambiental se hizo "cuando ya se habían iniciado las obras de la fábrica de LPC". Además, subrayaron que los ediles que votaron a favor del PGOU para llevar a cabo esta obra "sabían que estaban cometiendo una ilegalidad".

Juan Antonio Carrasco afirmó en nombre de Agaden que lo sucedido en la finca de Gertrudis es "inadmisible", ya que "movieron dos millones de toneladas de tierra para edificar", todo ello cuando en principio "se trataba de una limpieza de la zona". En este sentido, Carrasco recordó que la Consejería de Obras Públicas "multó con 100.000 euros al Ayuntamiento y éste ni siquiera ha recurrido", demostrando que "están admitiendo el error", sentenció.

Finalmente, Raquel Ñeco, de Verdemar, anunció que "en breve" presentarán un "extenso dossier informativo" sobre todo el proceso de implantación de la fábrica de LPC Group, que también remitirán a la Fiscalía para que ejecute las acciones que estime oportunas.