Los jueces progresistas recobran el control del Tribunal Constitucional
El sector progresista recobró ayer el mando del Tribunal Constitucional tras meses de incertidumbre y batalla interna. El pleno del máximo órgano judicial de España, compuesto por tan sólo ocho de sus doce miembros, acordó dar validez a la reforma de la ley que regula el funcionamiento de esta institución y rechazó de pleno el recurso que había presentado el PP.
Actualizado: GuardarLa decisión permitirá que la presidenta del Constitucional, María Emilia Casas -progresista-, y el vicepresidente, Guillermo Jiménez -conservador-, continúen en sus puestos a pesar de que su mandato expiró a mediados del año pasado. Ambos permanecerán en el cargo mientras PP y PSOE no acuerden la renovación de un tercio del tribunal.
Este hecho da ventaja a los progresistas en la votación de leyes como el de los matrimonios entre homosexuales, el plan hidrológico o el Estatuto catalán. Ante cualquier hipotético empate -los dos sectores cuentan con seis miembros cada uno- decidirá el voto de calidad de la presidenta. De haberse aceptado el recurso del PP, la presidencia provisional hubiera quedado en manos de los conservadores.
Sin unanimidad
La decisión no ha sido, de todas formas, unánime. La respaldaron cinco magistrados cuyo nombramiento fue apoyado por el PSOE -Elisa Pérez Vera, Eugenio Gay, Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps-, mientras que los tres más próximos al PP -Vicente Conde, Javier Delgado y Ramón Rodríguez Arribas- lo rechazaron. El auto y los tres votos discrepantes se hará público en los próximos días, según fuentes del Constitucional. Fuera de las deliberaciones quedaron Casas y Conde por estar directamente aludidos en la reforma legal y los magistrados conservadores Jorge Rodríguez-Zapata y Roberto García-Calvo al haber sido recusados por el Gobierno.
El rechazo al recurso del PP elimina, al mismo tiempo, el último obstáculo para que el Senado pueda designar en las próximas semanas a los cuatro magistrados que renovarán un tercio de esta institución. La resolución acaba con la última excusa para que los partidos mayoritarios de de la Cámara Alta, PP y PSOE, entierren el enfrentamiento partidista y aborden la renovación consensuada de un tercio del tribunal, pendiente desde diciembre pasado.
El desbloqueo legal coincide con las palabras de José Luís Rodríguez Zapatero en el debate de investidura, donde fijó como una de las acciones prioritarias de su futuro Gobierno y del PSOE terminar con la parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional.
Los doce miembros del Tribunal Constitucional, designados por el Congreso, el Senado, el Gobierno y el Poder Judicial, se renuevan cada tres años por tercios y en diciembre pasado expiró el mandato de los cuatro nombrados hace nueve años por la Cámara Alta: la progresista María Emilia Casas y los conservadores Guillermo Jiménez, Jorge Rodríguez-Zapata y Vicente Conde.