Destapan un nuevo caso de 'Obra Nueva' que imputa a nueve personas por falsedad

Nueve personas han sido imputadas por la Guardia Civil en un nuevo caso de Obra Nueva que se descubre en el municipio donde se desarrolló la primera operación de envergadura contra esta modalidad de fraude urbanístico. Esa actuación policial, que se dio a conocer en junio del año pasado, sirvió para bautizar un tipo de falsedad documental que tiene como fin legalizar viviendas asentadas sobre suelo urbano no consolidado, acreditando una antigüedad ficticia.

El nuevo caso destapado no es fruto de una investigación propia del Instituto Armado, sino que nace de una denuncia elevada a la Fiscalía de Cádiz que la alertaba de irregularidades en la inscripción en el Registro de la Propiedad de inmuebles situados en tres fincas del Camino de la Peligra, una vía que se encuentra frente al polígono industrial de El Torno. Esta zona del municipio aún no está regularizada para fines urbanísticos porque no tiene consolidada la calificación que permite la edificación de viviendas.

Ante la existencia de la denuncia, la Fiscalía de Medio Ambiente le pidió al Equipo contra la Delincuencia Urbanística, adscrito a la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz, que indagara y estas pesquisas han culminado con la imputación de nueve personas por delitos contra la ordenación del territorio y falsedad documental, los cuales serán interrogados por el Ministerio Público y el juez de Instrucción del nº1 de Chiclana, en donde han recaído las actuaciones.

Este periódico pudo saber a través de fuentes cercanas al caso que los implicados y este nuevo caso no guarda relación con la investigación realizada el año pasado y que supuso la detención de 24 personas y la imputación de otras tres. Pese a que no existen conexiones, el modus operandi es el mismo: los imputados supuestamente falsificaban certificados que acreditaban la existencia de viviendas con una antigüedad superior a los cinco años en las tres fincas del Camino de la Peligra donde en realidad no había tales inmuebles levantados. Con este engaño, trataban de inscribir los inmuebles en el Registro de la Propiedad, pese a que están sobre suelos que no permiten la edificación, pero al garantizar que llevan más de cuatro años en pie, evitan cualquier responsabilidad económica y penal al haber prescrito la infracción, como contempla la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Fuentes del Ministerio Público explicaron que las denuncias por este tipo de fraude se cuentan «por decenas»; lo que evidencia que detrás hay un negocio ilícito muy asentado en municipios como Chiclana o El Puerto donde existe una bolsa enorme de viviendas levantadas fuera de planeamiento.

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