Un compañero del fallecido, junto a la obra. / ANTONIO VÁZQUEZ
CÁDIZ

La Policía no ve indicios de responsabilidad penal en la muerte de la casa de Juan Paje

Los trabajadores no culpan a la empresa de la colocación de las tablas que salvaban el hueco por donde cayó el finado

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La investigación policial del accidente mortal ocurrido en el interior de la finca de Juan Paje ha concluido sin indicios de que exista responsabilidad penal achacable a la empresa constructora o a la subcontrata en la que estaba empleado el obrero fallecido Jesús Gutiérrez Garruso. El informe elaborado por los agentes de la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) de la Comisaría Provincial será entregado hoy en el juzgado de Instrucción nº 2, que estaba de guardia el martes.

Las conclusiones policiales se basan en los resultados obtenidos en la inspección ocular realizada nada más ocurrir el siniestro y en las declaraciones tomadas a los compañeros del fallecido y responsables de los trabajos de rehabilitación que en estos momentos están paralizados.

El accidente se produjo porque unas tablas que habían sido colocadas para salvar un hueco entre andamios cedieron por el peso del finado cuando éste se encontraba en el tercer piso del inmueble. La colocación de esta rudimentaria pasarela, que según fuentes policiales era una chapuza, no puede imputarse a la dirección de la obra. A esta conclusión llegan los agentes después de interrogar a la cuadrilla de obreros. Ninguno de ellos culpa a la constructora ni a la subcontrata de haber colocado las tablas, ni tampoco recibieron órdenes para que pasaran por ella.

Uno de los testimonios claves es el del compañero que estaba junto a Jesús Gutiérrez cuando éste se precipitó al suelo. A los agentes les reconoció que él mismo animó al finado para que utilizara la pasarela por comodidad.

Para sostener una imputación, la Policía trabajó en dos direcciones: comprobar la situación laboral de la cuadrilla por si se incurrió en un delito contra el derecho de los trabajadores; o si la empresa no puso a disposición de sus empleados las medidas de seguridad necesarias. Ambas indagaciones han dado un resultado negativo. El fallecido estaba dado de alta en la Seguridad Social como sus compañeros, y todos tenían sus equipos personales para garantizar su integridad física. El finado vestía el arnés cuando sufrió el accidente, pero al no estar enganchado a un punto de anclaje no pudo evitar la caída.

Las anomalías

Aunque la Policía no ha hallado indicios de delito, en la obra promovida por la Junta de Andalucía, dentro de su plan de rehabilitación del casco antiguo, la Inspección de Trabajo sí detectó irregularidades en materia de seguridad que le llevó a ordenar la paralización de los trabajos. Las mismas fuentes policiales subrayaron que se tratan de anomalías que no tienen la suficiente entidad para procesar por la vía penal a alguien. Entre estas deficiencias, los inspectores encontraron que el cuadro eléctrico estaba en el interior de los aseos que usan los obreros. Por estos motivos, la empresa constructora puede ser sancionada por vía administrativa; una medida que debe ser adoptada por la Inspección.

La posibilidad de abrir un procedimiento penal por este accidente no está del todo descartada. Si la Fiscalía o el mismo juez instructor encuentran indicios para sostener una imputación, contradiciendo así el informe policial, los responsables de la obra se podrían enfrentar a una acusación en firme, pero las fuentes consultadas lo vieron poco probable.

Es más, se espera que el juez levante el precinto de la obra tan pronto haya tenido acceso a las actuaciones policiales, lo cual podría ocurrir en breve.

Las conclusiones de los agentes de la UDEV difieren de los planteamientos de los sindicatos UGT y CCOO, que ayer habían convocado una concentración de protesta por los accidentes laborales, a la que acudieron decenas de personas. El fuerte aguacero que caía al mediodía sobre la capital hizo que los manifestantes no estuvieran ante la puerta de la Subdelegación del Gobierno, sino junto a la sede de ambas formaciones sindicales. Los sindicatos consideran que ante una negligencia como la colocación de la pasarela, la responsabilidad, por ley, siempre es del empresario.

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