Las asociaciones de jueces salen en defensa de Tirado y piden una reforma del sistema

Varias asociaciones de jueces suscribieron ayer un comunicado conjunto en el que piden respeto -sin mencionarlo en ningún momento- al expediente abierto por el Poder Judicial al juez Rafael Tirado por el caso Mari Luz. Las asociaciones judiciales apelaron a la «responsabilidad» de los representantes políticos con el fin de «evitar imputaciones precipitadas de culpabilidad» en relación con el caso Mari Luz, y reclamaron, ante los posibles expedientes que puedan abrirse, que estos sigan «el procedimiento oportuno» y se desarrollen «con todas las garantías, especialmente -añadieron- la del derecho de defensa».

La Asociación Jueces para la Democracia (JpD), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) destacaron, en un comunicado conjunto, que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) será el encargado de «adoptar las decisiones adecuadas» en relación con el presunto asesino de Mari Luz, Santiago del Valle.

De este modo, y ante la «alarma generada» por el asesinato de la niña onubense, confiaron en que el Consejo «valorará» los hechos acaecidos a través del «procedimiento adecuado». Asimismo, abogaron por que este «normal devenir institucional sea enteramente respetado sin ninguna interferencia», sea cual sea el fallo final. El colectivo quiso recordar «el principio de responsabilidad» al que deben atenerse los jueces y magistrados, y por el cual «están sujetos a un régimen de responsabilidad penal, civil y disciplinario», según recoge su Estatuto profesional. Por ello, concluyeron que le corresponde al CGPJ «las funciones relativas al régimen disciplinario» de los magistrados.

Por otra parte, las organizaciones reclamaron que, al margen de «las luchas políticas diarias», se de «estabilidad» al sistema mediante «una reforma auténtica y la modernización de la Justicia». «Es la verdadera asignatura pendiente de la democracia española», subrayaron.

Carga de trabajo

De esta manera, denunciaron «la carga de trabajo extraordinaria» que sufren «muchos» órganos judiciales y que, según indicaron, sobrepasan «los módulos de trabajo fijados por el propio CGPJ». Advirtieron de la «falta de personal» y agregaron que la cobertura de plazas vacantes es, a su juicio, «irregular, tardía» y atendida con trabajadores «no cualificados». Por ello, pidieron una dotación de «medios materiales modernos» en la Administración de Justicia para fomentar la correcta «coordinación» entre los Juzgados y Tribunales, así como con el resto de instituciones. Entre ellos, vieron «imprescindible» mejorar los soportes informáticos, como, según señalaron, «ya existen en ámbitos como la Hacienda Pública o la Seguridad Social».