Más que negligencia
El asesinato de la niña Mari Luz Cortés y la escalofriante peripecia de Santiago del Valle, implicado en cinco causas por abusar sexualmente de menores y cuyas perversiones de pederasta se habían valido de una situación de práctica impunidad durante años, han hecho saltar las alarmas sociales e institucionales respecto al tratamiento de tan execrables crímenes y de tan aborrecibles criminales por parte del Estado de Derecho. Es evidente que en el caso concurrieron errores que podrían considerarse «muy graves», según consta en el informe de la Inspección del Consejo General del Poder Judicial. Pero la focalización del problema en la negligente actuación de tal o cual juez, aun siendo ésta merecedora de la máxima sanción, podría acabar diluyendo aquellas otras responsabilidades que se refieren al deficiente funcionamiento del sistema y que atañen tanto al propio poder judicial como al Ejecutivo. Entre ellas, la inexistencia de un registro compartido de las condenas dictadas por distintos tribunales, o las carencias que derivan en la dificultad para hacer efectiva la ejecución de las sentencias incluso en casos tan flagrantes.
Actualizado: GuardarLos déficits del sistema judicial resultan especialmente graves frente a los casos de pederastia, dada la indefensión en la que se encuentran las víctimas frente a las garantías que protegen a sus presuntos agresores y violadores. Por discutible que sea la proclividad a la reincidencia de este tipo de criminales, sus ilícitos resultan tan abominables y provocan trastornos tan severos en sus víctimas menores de edad, que aun dentro de los límites que establece la Constitución no pueden ser tratados como si fueran actores de cualquier otro delito. Por otra parte todo parece indicar que el incremento de la carga punitiva, que ya es alta en España, difícilmente actuaría como factor disuasorio frente a las inclinaciones pederastas. Podría resultar más eficaz por ejemplo el establecimiento de controles que impidan el desarrollo impune de espacios en Internet que potencian la pornografía infantil como delito que potencia las fantasías más aberrantes sobre los menores.
