El ex 'número tres' de Trillo admite que el Gobierno pudo gestionar mejor la crisis del Yak 42
La Audiencia Nacional estudiará la reapertura de la investigación sobre la errónea investigación de los cadáveres de los militares
Actualizado:El diplomático Javier Jiménez-Ugarte, que fue secretario general de Política de Defensa y por tanto 'número tres' del Ministerio de Defensa en la etapa en que Federico Trillo estuvo al frente del departamento, admitió en la Audiencia Nacional que el Gobierno pudo «hacer mejor» algunas cosas tras el accidente del Yak-42, que costó la vida a 62 militares. En su declaración ante el juez Fernando Grande-Marlaska, que investiga las presuntas irregularidades en la contratación del avión que se estrelló en Turquía en 2003, Jiménez-Ugarte, igual que Trillo, atribuyó toda la responsabilidad a la cúpula militar.
Jiménez-Ugarte, diplomático de carrera, ex embajador en Grecia y hoy cónsul de España en la ciudad marroquí de Nador, fue el hombre de confianza elegido por Trillo para gestionar desde el Ministerio de Defensa todo lo relacionado con el siniestro del Yak-42 y atender a las familias de los muertos. En vez de apaciguar los ánimos y atraerse su confianza, se ganó en pocos meses la inquina de casi todos los afectados, que asistían frustrados a las contradicciones entre la información que les daba Defensa y la cruda realidad que, día a día y con cuentagotas, desvelaban las investigaciones.
Viudas reprendidas
Mientras Jiménez-Ugarte defendía el Yak-42 como uno de los mejores aparatos del mundo e incluso reprendía a algunas viudas por cuestionar los datos suministrados por Trillo, las familias averiguaban gracias a investigaciones realizadas en Turquía que Defensa contrató para trasladar a sus allegados un avión averiado que después ni se molestó en inspeccionar. El hecho que colmó su paciencia fue el descubrimiento, gracias a pruebas de ADN realizadas en Turquía, de que tras el accidente el equipo médico militar enviado a recuperar los cadáveres distribuyó los cuerpos sin identificar en 62 ataúdes, que después repartió sin ton ni son entre las familias.
El pasado 14 de febrero, en su comparecencia como testigo ante el juez Grande-Marlaska, el ex 'número tres' de Defensa admitió por primera vez que el Gobierno «quizá» no gestionó todo lo bien que debió esa crisis. Explicó, en concreto, que el Ejecutivo pudo «haber negociado mejor el seguro de 75.000 euros» por pasajero que pagó, dinero que se esfumó en la cadena de subcontrataciones que condujo al alquiler del Yak-42 averiado, en la que se beneficiaron seis empresas.