Los pederastas condenados por abusos pasan dos años de media en prisión y el 40% reincide

«No sólo hay que fijarse en cuántos años le imponen a un pederasta», explica Alfonso González-Guija, juez decano de Bilbao, con veinte años de experiencia en la carrera judicial. «Unos abusos a un menor, lo que comúnmente se conoce como tocamientos sin violencia, se castigan en principio con no más de tres años y no menos de dos. Se puede agravar la pena, una tarea que compete al legislador, pero no podemos perder de vista qué hará el condenado cuando salga de prisión. Está demostrado que, en este tipo de delitos, alrededor del 40% reincide».

Los cimientos de la judicatura se han visto sacudidos durante las dos últimas semanas por la tragedia de Mari Luz, la niña onubense que fue asesinada el pasado mes de enero por un pederasta que se movía con total libertad, a pesar de que dos jueces distintos le habían condenado en 2002 y en 2004 por abusar de su propia hija y de otra niña. El criminal, Santiago del Valle, acumulaba cuatro años y nueve meses de cárcel, pero daba igual qué penas le hubieran impuesto porque no cumplió ninguna.

La explicación de ese gravísimo error de la Justicia es burocrática, aunque el Consejo General del Poder Judicial ha apreciado clamorosos fallos procesales y se prepara para imponer sanciones disciplinarias ejemplares. Para empezar, la sentencia de 2002 sólo fue ratificada por la Audiencia de Sevilla en 2006, mientras que la dictada en 2004 no se ejecutó porque ese año Santiago del Valle todavía carecía oficialmente de antecedentes.

Apretar la tuerca

A pesar de todo, podían haberle encerrado en prisión en 2006; pero el primer magistrado que le condenó, Rafael Tirado, titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, le citó para informarle de que tenía que ir a la cárcel y ordenó averiguar su paradero. Sólo volvió a acordarse del pederasta cuando lo vio por televisión... dos años después. Del Valle había comparecido en otros juzgados, pero nadie se percató de que tenía que ir a prisión porque cada juez ignoraba lo que hacían los demás. Y Mari Luz fue asesinada.

Como Santiago del Valle, miles de condenados eluden silenciosamente las penas de prisión en España debido a la deficiente organización de los juzgados, que trabajan lastrados por la falta de personal y de procedimientos informáticos. La opinión pública rara vez presta atención al problema, excepto cuando salta a los medios de comunicación el crimen de un delincuente sexual cuyo expediente se había traspapelado o que había recibido un permiso carcelario por buena conducta. Entonces se reabre la polémica sobre la oportunidad de endurecer las condenas.

¿Es necesario apretar la tuerca un poco más? Actualmente, una agresión sexual (con violencia, pero sin penetración) está castigada en España con penas de uno a cuatro años de cárcel si la sufre un adulto, y de cuatro a diez años si se trata de un menor. Una violación acarrea entre seis y doce años cuando la víctima es mayor de edad, y entre doce y quince cuando es un niño o adolescente.

A falta de un análisis sobre la eficacia de esas medidas penales, los juristas avisan de que ir sumando más años a la condena de un pederasta, sin más, sólo serviría para retrasar el momento de la reincidencia. «Estos días se ha hablado de la cadena perpetua, pero no es posible en España», zanja Jaime Tapia, magistrado de la Audiencia de Vitoria y portavoz de Jueces para la Democracia. «Las penas ya son duras. Y no olvidemos que puede ser más eficaz una medida alternativa aplicada con inmediatez que una fuerte condena de prisión que se retrase durante varios años».

No obstante, Tapia sí considera factible la creación de un registro de pedófilos accesible a los jueces y las fuerzas de seguridad, una herramienta que reclamaban desde hace tiempo las asociaciones de protección de la infancia y el Parlamento Europeo, entre otras instituciones, y que la Fiscalía General del Estado sólo se ha comprometido a acometer a raíz del 'caso Mari Luz'. Ahora bien, el magistrado pone como condición «que se respete la intimidad de los individuos», ya que en los países donde todo el mundo tiene acceso a los datos personales del pederasta, «la medida añade nuevos problemas a los que pretende resolver».

Pedófilos

Realmente, la pedofilia ha existido siempre, pero cada vez despierta más la atención de los medios de comunicación. A ello han contribuido las constantes redadas de las Fuerzas de Seguridad del Estado contra la pornografía infantil en Internet desde que la posesión de imágenes es delito (de uno a cuatro años). Desde 2004 han sido arrestadas unas mil personas en España, de las cuales 650 fueron identificadas en 2007 (sólo treinta han acabado en prisión). Aproxima- damente, unos tres presos cumplen condena por delitos de tipo sexual, si bien no se ha concretado cuántos de ellos son pedófilos.

De todos modos, las estadísticas criminales no muestran con exactitud la magnitud de esa lacra, ya que muchas víctimas no denuncian su caso. Según el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, la tasa de abusos sexuales a menores en España era en 1998 de 0,25 casos por diez mil habitantes, aunque la proporción cambia en cada comunidad autónoma. Cantabria y Navarra sólo registran un 0,11 y un 0,13, respectivamente, muy por debajo de el País Vasco (0,31), Baleares (0,6) y la Comunidad Valenciana (0,44).

Félix López, catedrático de Psicología de la Sexualidad en la Universidad de Salamanca, que puso en marcha una ambiciosa investigación sobre los abusos en la infancia, asegura que el 23% de las chicas y el 15% de los chicos se han encontrado alguna vez en esa situación antes de los 18 años. Según López, el ámbito más adecuado para prevenir los abusos es la enseñanza secundaria, en particular, entre los alumnos varones, a quienes habría que inculcar la ética del consenso y los principios del libre consentimiento.

«Búsqueda impulsiva»

Desde la psiquiatría se realizan propuestas similares. El especialista José Guimón, ex presidente de la Fundación Ginebra por los Derechos Humanos de los Pacientes Mentales, aconseja intensificar la protección de la infancia y la educación en valores. La psicoterapia no ofrece, a su modo de ver, muchos resultados con los pederastas, unos individuos caracterizados por «la incapacidad de contener la búsqueda impulsiva del deseo».

El magistrado Jaime Tapia, a la sazón juez de menores y experto en la victimización del colectivo infantil, puntualiza que los pedófilos no son personas enfermas desde el punto de vista penal; es decir, no se les aplica ningún tipo de atenuante. «Son varones, la horquilla de edad es amplia; aparentemente no llaman la atención», indica el juez, que ha colaborado con Save the Children y Unicef. «Unos dicen que algunas experiencias infantiles han podido marcar a los pederastas; otros achacan su conducta a un componente genético. Lo que sí suele definirles es la falta de empatía con la víctima».

Precisamente, tras el asesinato de Mari Luz, los juristas han vuelto a discutir sobre el empleo de fármacos para inhibir los impulsos de los pedófilos, una fórmula que se conoce como 'castración química' y que ya fue sugerida por el presidente francés, Nicolás Sarkozy. Desde la medicina se han sembrado dudas acerca de la utilidad práctica de esa herramienta, puesto que ese mecanismo atenúa la líbido, pero no suprime la actividad sexual. Otras voces ha advertido, además, de que la medida puede chocar contra la Constitución.

Una comisión de expertos de Cataluña, encabezada por el ex fiscal jefe de esa comunidad, José María Mena, ha introducido matices en el debate y ha propuesto que los 'inhibidores hormonales' se utilicen sólo cuando los apruebe el paciente, y siempre de forma complementaria a otras terapias de carácter psicológico.