Bermejo ¿será modificado?
La Administración de Justicia, con su proverbial y exasperante lentitud, unida a sus errores nada infrecuentes y a la desconfianza que inspira en amplios sectores ciudadanos, no necesitaba de una prolongada huelga de funcionarios para desplazar hacia éstos la responsabilidad por el funcionamiento manifiestamente mejorable de la Judicatura. Esa responsabilidad corresponde en primer lugar al poder judicial y, en segundo, pero a distancia, al poder ejecutivo. No todo, ni mucho menos, es falta de medios materiales en los juzgados, una realidad evidente, ni plantillas escasas de jueces, que requerirían continuada ampliación, hasta ofrecer un servicio de calidad.
Actualizado: GuardarDesde hace dos meses ha ido prosperando un diálogo de sordos entre los sindicatos convocantes de la huelga y el Ministerio de Justicia, y ello a la vista del daño -«irreparable» según UGT- que se ha hecho y se seguiría haciendo a la maquinaria judicial, y hasta a los registros del Ministerio del ramo, que tardan un tiempo indefinido en facilitar los certificados requeridos. Los medios de comunicación han ido dando cuenta de los pormenores de la huelga y del pesimismo con que ambas partes, Ministerio y sindicatos, enfocaban la solución. Se trataba de un pesimismo que ha quedado meridianamente demostrado, y que sólo la tardía sensatez de la UGT hace atisbar una posible salida del conflicto.
El ministro de Justicia no es hombre de maneras suaves ni de argumentaciones sensibleras, por lo que llama pan al pan, y «enorme fraude» al referéndum sindical que hace dos días rechazó el fin de la huelga. Mariano Fernández Bermejo está en el ojo de un huracán que ya ha producido daños irreparables al funcionamiento judicial y que podría incluirle a él en algunas de las «modificaciones» que ya tiene avanzadas Zapatero en su cabeza, según dijo ayer desde Bucarest y rodeado de OTAN por todas partes.
Zapatero seguía desde la cumbre de la OTAN la peripecia que había frustrado el fin de la huelga, y saludaba la vía del diálogo que podría reiniciarse entre las partes como medio de dirimir las discrepancias, señalando que «por supuesto quien lo tiene que hacer es el ministro de Justicia». Durante la legislatura anterior fue prácticamente absoluta la paz social, con las centrales sindicales abiertas en todo momento al diálogo que les ofrecía el Gobierno, por lo que Zapatero no está habituado a que dirigentes sectoriales de un sindicato pidan la dimisión de un ministro porque «no sabe gestionar» y «cada vez que hace declaraciones intoxica totalmente a la opinión pública». No parece que esas acusaciones de CC OO respondan a la verdad, pero el hecho de que Fernández Bermejo no haya solucionado en dos meses una crisis de gravedad considerable, por mucha tozudez que los huelguistas mantuvieran, no sería del agrado de un presidente para quien la placidez sociolaboral es una de sus aspiraciones esenciales. La huelga de funcionarios ha hecho daño a la Justicia, pero también sirve de cortina de humo a muchos errores judiciales, incluidos los causados por irresponsabilidad y desidia.
