Un centenar de familias de los diseminados no tendrá ni luz ni agua

«La legalidad hay que adaptarla a las circunstancias de la sociedad». Ésta es la petición que el presidente de la coordinadora de asociaciones vecinales, Coave, José Antonio Castro, realizará a la edil de Urbanismo, Patricia Ybarra, en relación a la concesión de luz y agua a las viviendas fuera de planeamiento.

Y es que, según Castro, «la dureza del protocolo impedirá que se conceda luz y agua a las más de cien viviendas que están a la espera de que se les conceda estos servicios mínimos». Por ello, el representante vecinal solicitará formalmente a Ybarra «flexibilidad», ya que entiende que «el protocolo debe adaptarse, en la medida de lo posible, a las circunstancias de las familias».

Hay que recordar que el protocolo determina que las casas a las que se les conceda los servicios mínimos deben ser construcciones sobre las que no sea legalmente posible adoptar medidas de protección de la legalidad y restablecimiento del orden infringido al momento de entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Además, las construcciones no pueden estar levantadas en terrenos calificados como de especial protección y en la puesta en marcha de los servicios mínimos no deben realizarse obras de urbanización. Su puesta en marcha tampoco debe suponer una mejora del abastecimiento que conlleve una revalorización del inmueble.

La casa debe tener también una antigüedad de cuatro años y el área de Bienestar Social del Consistorio debe realizar un informe en el que se certifique que una familia habita con regularidad en el inmueble. Finalmente, el presidente de la asociación de vecinos del diseminado en el que se encuentre la vivienda debe dar el visto bueno.

Pero desde Coave, José Antonio Castro considera «demasiado cerrado y exigente» el documento, por lo que advierte de que «nadie podrá obtener luz y agua».

Hay que recordar que más de cien viviendas están a la espera de conseguir estos servicios mínimos. Muchas de las familias utilizan sistemas alternativos, como generadores de gasoil.

Por el momento, desde el Ayuntamiento no se han hecho valoraciones sobre «una posible flexibilidad de las exigencias».