«El caso de Santiago del Valle se puede repetir a nivel nacional e incluso en Cádiz»

La libertad que gozaba el presunto asesino de la pequeña Mari Luz Cortés, pese a que había sido condenado en dos ocasiones por abusos sexuales y no había ingresado en prisión, ha reabierto el debate público sobre las deficiencias del sistema judicial español. Existen dos posturas: quienes defienden que existió una clara negligencia por parte de los jueces que sentenciaron a Santiago del Valle por no vigilar que se ejecutara la pena; y, por otro lado, los que consideran que este caso sólo ha puesto en evidencia el atasco que afecta gravemente al funcionamiento de muchos órganos judiciales.

En la provincia de Cádiz hay claros ejemplos de juzgados que sobrepasan el volumen de trabajo que razonablemente pueden asumir. Y no se trata de ninguna excepción, en la misma situación se encuentra el resto del país. Así lo pone de manifiesto el presidente de la Audiencia Provincial, Lorenzo del Río, quien asegura que «el caso de Santiago del Valle se puede repetir a nivel nacional e incluso en Cádiz».

En pleno siglo XXI, «no hay una notificación telemática», y en los juzgados se sigue trabajando sobre la base del papel; mientras que en la mayoría de las administraciones se ha ido sustituyendo por los documentos digitales, explica Del Río. Además, fiscales y jueces trabajan con diferentes bases de datos y tampoco hay homogenización en los sistemas informáticos que hay en los distintos órganos judiciales. Por eso, el presidente de la Audiencia entiende que es necesario acometer, «de una vez por todas», la tan nombrada reforma de la oficina judicial; un proyecto de modernización del sistema que debió haber sido desarrollado a lo largo de la pasada legislatura tras nacer auspiciado por un gran pacto de Estado. «Pero hemos pasado cuatro años en blanco».

Con matices

Del Río no esconde la necesidad acuciante que tienen algunos partidos judiciales de la provincia de incrementar su número de juzgados y cómo algunos órganos requieren de una inyección de personal. Pero también matiza: «Más que aumentar la inversión en plantilla, lo que hace falta es una resdistribución eficiente de los recursos para optimizarlos».

Los juzgados gaditanos que presentan una mayor demora en la ejecución de las sentencias; es decir, aquellos que tardan más en materializar los fallos alcanzados son los de Primera Instancia, los mixtos, tanto en la jurisdicción penal como la civil, Menores y los de lo Penal. El presidente de la Audiencia Provincial asegura que se han dado casos en los que se ha tardado más de medio año en confirmar el ingreso en prisión de un condenado desde que se firmara la sentencia.

Si se acuden a las últimas estadísticas actualizadas sobre el funcionamiento de los juzgados gaditanos, que son publicadas por el CGPJ, indican que al término del tercer trimestre del año pasado (mes de septiembre) en los órganos de Primera Instancia quedaron sin resolver 10.593 sentencias. Lo significativo de esos datos es que se registraron desde julio más fallos (1.298), de los que fueron ejecutados (729). Ese desfase importante de cifras obedece a la bolsa permanente de causas que año tras año se quedan pendientes de solución.

Al repasar las estadísticas completas de años anteriores, se constata que los diferentes juzgados de la provincia arrastran una rémora de causas por resolver que oscila entre los 50.000 y los 60.000 procedimientos en cifras globales; una situación que dificulta una correcta administración de la Justicia.

Esa misma tendencia presentan otras ramas jurídicas como los órganos de lo Penal. De julio a septiembre se ingresaron 2.041 sentencias, se resolvieron 3.179 pero se quedaron en mitad de la tramitación 13.018, que pasarán a engordar los datos del último trimestre.

Con estos números encima de la mesa, el presidente de la Audiencia rompe una lanza a favor de los distintos agentes judiciales, «porque el volumen de trabajo es literalmente inabarcable en algunos órganos».

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