Arbitrar la legislatura
La elección de los órganos de gobierno de Congreso y Senado, y especialmente la de sus presidentes José Bono y Javier Rojo, dio paso ayer a la próxima constitución de los grupos parlamentarios y al período de consultas por parte del Rey que culminará con la sesión de investidura del presidente del Gobierno. La extendida sensación de que nos encontramos ante una legislatura que discurrirá en tonos más moderados que la anterior implica que también serán cuatro años más parlamentarios, en los que el Gobierno deberá asegurarse de que la mayoría de la que se dote no se resienta por el establecimiento de acuerdos de calado con el PP, y en los que el necesario control del gobierno y la acción opositora que ejerza éste no impidan coincidencias en aspectos concretos de materias que puedan ser objeto de una discrepancia general. Que ello sea así depende en gran medida de las personas designadas para dirigir los respectivos grupos parlamentarios. Pero también de quienes a partir de ayer conforman los órganos de gobierno de ambas Cámaras.
Actualizado: GuardarHubiese sido deseable que el presidente del Congreso saliera elegido con una amplísima mayoría o, en su defecto, con los apoyos suficientes como para ser proclamado tras la primera votación. El hecho de que al final resultara designado con menos votos que sus antecesores en el cargo no implica limitación alguna para el desempeño de sus funciones institucionales. Pero sí constituye un recordatorio para que alguien que tuvo la indelicadeza de anunciar que iba a ser presidente del Congreso tenga en cuenta que el papel que le corresponde desempeñar ahora no sólo requiere estar sujeto al reglamento y, en todo caso, a una interpretación ecuánime y justa del mismo. Requiere también lograr la anuencia de los diputados siendo protagonista notorio de la vida parlamentaria sólo cuando ello resulte imprescindible. La tercera institución unipersonal del Estado ha de propiciar que el Congreso sea un foro participativo, fértil y eficiente tanto en lo que respecta a su tarea legislativa como en lo que se refiere al debate político general. De ahí que su cometido deba ser más la de un árbitro eficaz que la de un actor proclive a expresar su propio parecer sobre las cuestiones que se discutan en la Cámara.
