El Parlamento Europeo da ideas para mejorar «sólo en parte» la reforma del algodón

La Junta de Andalucía y la Plataforma en Defensa de Algodón -que agrupa a parte del sector- ven un margen de maniobra, aunque limitado, para mejorar la reforma de las ayudas al cultivo, sobre la cual debatió ayer la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo (PE).

El consejero de Agricultura andaluz en funciones, Isaías Pérez Saldaña, declaró ayer que el informe presentado ayer en la Eurocámara incluye ideas que, si fueran aceptadas por los ministros de la UE, permitirían «salvar los muebles, pero no la casa» para los productores algodoneros.

Pérez Saldaña se refirió así al proyecto de dictamen sobre la reforma del algodón, cuyo ponente fue el griego Ioannis Gklavakis (Partido Popular Europeo, PPE) y que propone una mayor «subsidiariedad» o autonomía para los países a la hora de repartir las subvenciones al cultivo.

El informe será aprobado por la comisión del PE este mes y en mayo por el pleno, pero es solamente consultivo porque la Eurocámara no tiene poder de decisión en agricultura.

Según Pérez Saldaña, el «problema» está en convencer a los otros 26 países de la UE de las peticiones españolas y para que apoyen las demandas de ese informe, en el caso de que fuera aprobado por el Parlamento.

En esta reforma, la Comisión Europea (CE) plantea cambios ligeros y mantener el actual sistema de reparto de las subvenciones al algodón, rechazado por el sector español, que se concentra en Andalucía, y eso pese a que España logró que el Tribunal de Justicia Europeo obligara al Ejecutivo comunitario a dar marcha atrás en la reforma.

Actualmente un 65% de las primas se conceden por superficie, independientemente de que el agricultor produzca o no y el 35% restante queda ligado a la producción, en forma de un apoyo para una superficie limitada (en España, 1.039 euros por hectárea para 70.000 hectáreas).

El informe de Gklavakis sugiere que los países productores tengan subsidiariedad en el reparto, lo que según Pérez Saldaña permitiría acceder a las demandas del Gobierno andaluz y que sostiene parte del sector: establecer que un 80% de las primas estén vinculadas a la obligación de cosechar (en lugar del 35%).

La eurodiputada española Mabel Salinas subrayó que presentará enmiendas para que quede más clara la autonomía de los países de la UE en la distribución de las subvenciones, e indicó que también hay que «corregir» otras ideas de Gklavakis, como la reducción a 50.000 hectáreas de la superficie que se beneficiaría de la prima acoplada a la producción.

Volver a recurrir

Pérez Saldaña dijo que si no es favorable la reforma Andalucía podría volver al Tribunal de Justicia de la UE, que ya anuló el régimen actual, pero advirtió de que esta opción llevaría demasiado tiempo para el sector, por lo que habría que estudiar otras soluciones.

Por su parte, el secretario general de la organización agraria COAG, el jerezano Miguel López, lamentó el «desconocimiento de las instituciones de la UE» de la realidad del sector y la posición «impresentable» de la CE, «que no apuesta por el tejido productor».

López también instó ayer al Gobierno español y a la Junta de Andalucía a que consigan el «margen de maniobra» que queda para que sea más favorable la reforma, que los países de la UE tienen previsto aprobar en mayo.

En las reuniones de estos días han estado presentes otros miembros de la Plataforma como las cooperativas andaluzas (Faeca) y CC OO.