El Poder Judicial investiga a dos jueces por las irregularidades en el caso de Mari Luz

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) centrará en dos magistrados de Sevilla la investigación de las irregularidades que motivaron que Santiago del Valle, el presunto asesino de la niña onubense Mari Luz Cortés, no fuese encarcelado al menos dos años antes de este crimen, según confirmó el portavoz de este órgano, Enrique López. Los miembros de la comisión permanente del CGPJ, tras escuchar de boca del jefe de la Inspección un avance de las pesquisas, pidieron ayer por unanimidad a la comisión disciplinaria que depure las responsabilidades pertinentes con la máxima urgencia posible «ante la gravedad de los hechos acontecidos en el ámbito procesal».

Enrique López adelantó que la comisión disciplinaria podría reunirse el lunes, en sesión extraordinaria, para analizar este asunto. Esta celeridad será posible si, como se prevé, el servicio de inspección, que trabaja a tiempo completo en la investigación, entrega su informe el próximo viernes.

Expedientes

Fuentes de la institución comentaron que los datos conocidos hasta el momento apuntan a que la Inspección puede proponer a la comisión la apertura de sendos expedientes disciplinarios contra ambos magistrados por falta grave o muy grave. El primer juez en el punto de mira es Rafael Tirado, el titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla. Tirado condenó a Del Valle en noviembre de 2002 a dos años y nueve meses de cárcel por cometer abusos sexuales con su propia hija de cinco años. La sentencia se convirtió en firme a finales de 2005 por la Audiencia Provincial de Sevilla, pero este juzgado, por circunstancias que se investigan, nunca llegó a ejecutarla y no dictó, por tanto, orden de busca y captura de Del Valle para su ingreso en prisión.

Si la Inspección aprecia en el comportamiento del magistrado desatención de los asuntos judiciales, podría proponer la apertura de un expediente sancionador por falta muy grave.

La Inspección ha extendido la investigación por presuntas irregularidades a Javier González, que en 2005 era magistrado de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla. Los inspectores investigan por qué González tardó dos años y siete meses en redactar la sentencia que confirmaba la condena impuesta por el Juzgado Penal 1 a Del Valle, lo que impidió durante mucho tiempo que fuese encarcelado.

El tribunal de la sección séptima deliberó y acordó rechazar el recurso de apelación del condenado el 17 de mayo de 2003, pero el ponente (González) no entregó la sentencia a Tirado (el juez de primera instancia) hasta diciembre de 2005. Si la Inspección observa en su actuación una dilación indebida, podría proponer a la comisión disciplinaria la apertura de un expediente por falta grave.

Inspección

Las evidencias acumuladas hasta el momento por la Inspección descartan, sin embargo, que existan indicios de comportamiento irregular en los otros dos jueces sobre los que también se iniciaron pesquisas por este asunto. El titular del Juzgado Penal 4 de Sevilla condenó en 2004 a Del Valle a dos años de cárcel por abusos a una menor, pero dejó en suspenso su ingreso en prisión por ser una pena pequeña y al creer que era su primer delito. Los inspectores, tras revisar su actuación, no ven hechos sancionables en su comportamiento. El cuarto investigado es el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gijón, que tiene abiertas unas actuaciones desde 2006 contra Del Valle por acoso a otra menor. El asunto está paralizado por falta de localización del imputado y a espera de juicio.

Las mismas fuentes del CGPJ indicaron que no es descartable que, una vez la comisión disciplinaria termine su trabajo, la institución decida remitir una serie de datos encontrados en sus pesquisas a otros departamentos como el Ministerio del Interior, el de Justicia o la Junta de Andalucía, para que comprueben si tienen que depurar otras responsabilidades de personal de su ámbito de competencia. Hacen referencia a la posibilidad de que a las irregularidades detectadas en los juzgados hayan contribuido otros funcionarios o agentes de la autoridad.

Enrique López consideró lógico que el padre de la niña asesinada se plantee reclamar responsabilidades al Estado. La familia, además

va a impulsar una campaña de recogida de firmas para solicitar a las administraciones el diseño de un protocolo de actuación ante la desaparición de menores que conlleve la coordinación de todos los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. También insisten en que haya una lista de pederastas.