Un agente de la Policía Local, implicado en la investigación sobre el robo en una armería

Un agente de la Policía Local está implicado en una investigación abierta por la Guardia Civil a raíz de la denuncia interpuesta por el propietario de una armería de la localidad. El comerciante detectó hace unos días que varias armas de su establecimiento habían desaparecido, por lo que lo comunicó a la autoridad.

Este periódico pudo saber a través de fuentes cercanas al caso que la Guardia Civil había detenido al menos a cuatro personas, aunque al cierre de esta edición continuaban las actuaciones. La investigación no se centra sólo en la persona que cometió el robo, que ya ha sido apresada por los miembros del Cuerpo Benemérito, sino también en aquellos que compraron los productos, a sabiendas que su procedencia no era lícita. Entre los supuestos autores de un delito de receptación podría encontrarse el agente municipal, aunque este periódico no pudo obtener ayer confirmación oficial.

El policía se encuentra ya retirado del servicio activo y había pasado a la segunda actividad por alcanzar la edad reglamentaria. Las mismas fuentes explicaron que este hombre ejerce de agente por las mañanas y por las tardes está al frente de un negocio de hostelería que regenta. Precisamente en este local, la Guardia Civil pudo encontrar varias armas que constan como robadas y de las que no pudo acreditar su legal procedencia con documentación de la compra-venta, por ejemplo. Las indagaciones las está realizando el equipo de investigación del puesto arcense y es presumible que en las próximas horas el número de detenidos o imputados crezca.

Sin noticias

Ayer por la tarde, el concejal de Seguridad Ciudadana y responsable de la Policía Local del municipio, Fernando Mancheño, desconocía que se estuviera desarrollando una investigación que salpicara a uno de los agentes. Tras celebrarse el Pleno municipal, que terminó a altas horas de la noche, este periódico trató de contactar con él, pero no recibió contestación alguna.

El Código Penal castiga con penas que oscilan de los seis meses a los dos años el delito de receptación, que se comete cuando el comprador sabe que el producto que está adquiriendo ha sido previamente robado.

stubio@lavozdigital.es