Guerras del agua
Las últimas elecciones generales han servido, entre otras cosas, para calibrar el alcance y la profundidad del problema del agua en nuestro país. La suspensión del trasvase del Ebro inicialmente incluido en el Plan Hidrológico aprobado por el Gobierno de Aznar y que debía abastecer a las tierras del Levante y su sustitución teórica por desaladoras ha generado una profunda controversia política, social y también técnica. Y ha sido la causa de que el Partido Socialista haya recibido un significativo castigo en las comunidades valenciana y murciana, en tanto el Partido Popular ha sido simétricamente vapuleado en Aragón.
Actualizado: GuardarEl problema nunca fue trivial, pero ahora, en tiempos de sequía -como siempre, muy irregularmente distribuida en este país-, se hace si cabe más oneroso y crítico. En Cataluña, para paliar la escasez de agua de boca que amenaza a Barcelona, la Generalitat había planteado la dudosa posibilidad de construir una captación provisional y temporal del Segre hacia el Llobregat (nadie osó llamar trasvase a la tubería, por no utilizar la maldita palabra); y el Gobierno central se ha opuesto tajantemente a la propuesta, aun cuando la desaladora en construcción en las proximidades de la capital catalana no estará concluida hasta 2009 y llevar el agua en barco a Barcelona desde Carboneras es un costosísimo disparate. Los argumentos del Gobierno no han sido técnicos sino políticos: si se ha negado el trasvase del Ebro -río que está bajo jurisdicción estatal por discurrir por varias comunidades autónomas- hacia el Levante y el Sur, no puede cometerse ahora el agravio comparativo de permitirlo hacia las tierras catalanas. El Segre es después de todo un afluente del Ebro, por lo que la disposición de sus aguas transgredería la proscripción general.
El solo enunciado de estos contenciosos, unido al hecho de que las últimas lluvias hayan elevado el caudal del Ebro en Zaragoza a más de 1.200 metros cúbicos por segundo, pone de manifiesto que la cuestión del agua ha salido hace tiempo de los parajes del sentido común y de la racionalidad para adentrarse en el de la demagogia y la pura rivalidad política. Porque los técnicos mantienen algunos criterios que parecen inapelables: no es económicamente sensato utilizar agua desalada para regar; resulta absurdo, salvo emergencias extraordinarias, fletar embarcaciones para abastecer localidades; no es solidario que los aragoneses hayan hecho para sí en su Estatuto una reserva de agua de más de 5.000 metros cúbicos por persona y año cuando las disponibilidades hídricas de todo el país son aproximadamente de 1.000 metros cúbicos por habitante (unos 45.000 hectómetros cúbicos anuales).
En lo tocante al reparto del agua en el conjunto de España, debería ser innecesario decir que lo lógico sería negociar entre todos una distribución cabal que respondiera a los criterios de máxima economía y mínimo impacto ambiental. Una distribución conjugada con una ordenación global del territorio y con una política agraria que ahorrase agua. Este extremo es esencial puesto que más del 80% del consumo total de agua es para regadíos. Y para conseguir este acuerdo amplio y definitivo, sería necesario, obviamente, un gran consenso político y social de todos los partidos y de todas las comunidades autónomas.
