El Gobierno emplaza a Cataluña a buscar opciones al trasvase del Segre para paliar la sequía

El pulso sobre el hipotético trasvase del Segre sigue en las mismas. El Gobierno central dice no; la Generalitat, ya veremos. Un tira y afloja con sordina para no declarase una «guerra del agua» abierta que podría además implicar a otras regiones como Aragón o Valencia y Murcia, estas últimas agraviadas por la derogación del trasvase del Ebro proyectado en tiempos de José María Aznar. En ese ambiente la ministra de Medio Ambiente en funciones, Cristina Narbona, emplazó ayer al ejecutivo catalán a buscar otras opciones a la de un trasvase del río Segre a la cuenca del Llobregat para paliar la sequía que amenaza al área metropolitana de Barcelona, con cinco millones de habitantes.

En conversación telefónica con el consejero catalán de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, Narbona insistió en el rechazo del gobierno español a permitir que sea agua del Segre, afluente del Ebro y por tanto competencia del Ejecutivo Central, la que ponga remedio a los problemas de suministro para uso doméstico que acechan a la provincia de Barcelona. Como medidas alternativas, Narbona sugirió la compra de derechos de agua a los agricultores, como ya se hace en otras regiones españolas.

El Ebro

De esta manera, la ministra ratificó la negativa tajante que el viernes pasado expuso la vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, a cualquier cesión de agua, llámese trasvase, llámese 'aportación temporal' del agua, como prefiere Baltasar. Narbona insistió en que el Gobierno es solidario con los problemas de abastecimiento de Barcelona hasta que terminen de construirse las dos desaladoras proyectadas para la comunidad autónoma, y consciente de que el eventual traslado en barco de agua desde la desaladora de Carboneras (Almería) sugerido en algunas instancias es insuficiente. Pero aun así, el Ebro o sus afluentes no se tocan. No en vano, una de las primeras medidas del Gobierno de Zapatero tras llegar al poder en 2004 fue derogar el trasvase del Ebro, pieza estrella del Plan Hidrológico Nacional, aprobado previamente por el Partido Popular.

La Generalitat, por su parte, dijo hacerse cargo de las «reticencias» de la ministra a efectuar una cesión de agua del Segre al área metropolitana de Barcelona, en lo que reconocen «podía ser interpretado» como un trasvase. Según declaró Francesc Baltasar, el gobierno catalán no ha querido «forzar» a Narbona teniendo en cuenta que está en funciones y que, en todo caso, la decisión le corresponderá al futuro gobierno una vez se forme.

Estrategia

Baltasar aseguró conservar la «esperanza» y confiar en su «capacidad de persuasión» para convencer al próximo Ejecutivo de la necesidad de realizar la captación de agua. Se trata de una «aportación puntual y limitada en el tiempo», remachó el conseller tras la reunión que mantuvo ayer para abordar el tema con los diputados de CiU Oriol Pujol y Ramon Espadaler. Más allá de la polémica con el Gobierno central, o la negativa añadida de Aragón a cualquier merma, siquiera indirecta, del caudal del Ebro, el proyecto de trasvase del Segre levanta ampollas políticas y territoriales dentro de la propia Cataluña.

La captación de agua desde el Segre es también rechazada en Lérida, provincia por la que discurre el río, sin distinción de color político, y tanto por agricultores como ecologistas, entre otros colectivos. Los recelos iniciales del territorio se formalizaron ayer con el rechazo de la Diputación, gracias a una moción presentada por el PP.