Los nacionalistas aumentarán su influencia y sueldos por dejar a Bono presidir el Congreso

Le llaman «la cara más negra del PSOE», un animal al que conviene tener «bien acotado», político «sibilino» e, incluso, infiltrado del PP en las filas socialistas. Es difícil encontrar en el Congreso un personaje que genere más polémica que José Bono. Y, sin embargo, el partido gubernamental nunca ha dudado de que lograría auparlo a la presidencia de la Cámara sin demasiado esfuerzo. Confía en el pragmatismo de los nacionalistas y en que la posibilidad de participar en los órganos de gobierno de la Cámara a cambio de un ‘sí’ a quien consideran su ‘martillo’ les suponga estímulo suficiente. Es una cuestión de poder y de dinero.

La presencia en la Mesa del Congreso, y también en las de las comisiones en las que se organiza el trabajo legislativo, lleva aparejadas una serie de prebendas a las que, a la hora de la verdad, nadie hace ascos. El presidente es, de lejos, el diputado con mejor sueldo y mejores condiciones del Parlamento. En realidad su salario base es el mismo que el del resto de los parlamentarios electos –3.020,79 euros brutos al mes, según el régimen económico aprobado en la pasada legislatura–, pero a esa cifra hay que sumar un complemento de 3.483,46 euros por ser miembro del órgano de gobierno de la cámara, 3.782,76 más por gastos de representación, y 3.101,53 por libre disposición. En total: 13.388,54 euros mensuales.

Cinco puestos

Esa es la cantidad –probablemente, algo más, porque a estos datos no se les ha aplicado la subida del IPC– que percibirá el polémico Bono. Los socialistas, que por número de diputados podrían hacerse con cinco puestos en la Mesa están dispuestos a ceder a CiU una vicepresidencia y al PNV una secretaría, pero con la garantía de que no habrá desmarques a lo largo de la legislatura.

El secretario de Organización del partido, José Blanco, remarca que hará esta concesión para garantizar que la pluralidad de la Cámara tenga también un reflejo en los órganos de dirección. Pero también ha dejado claro que este alarde de talante no puede ser gratis y que, a cambio –y esto se lo dice especialmente a los catalanes, más reticentes a escribir en sus papeletas el nombre del ex presidente castellano-manchego– quiere un ‘sí’ a su candidato.

La dirección de CiU decide hoy su postura. Entre sus miembros ha calado la sensación de que podrán salirse con la suya a cambio de un mero voto en blanco. Sólo el portavoz en el Congreso y líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, sabe hasta qué punto la «reciprocidad» exigida por Blanco es inexcusable y en qué medida peligra su aspiración de mantener una de las cuatro vicepresidencias del Congreso, dos presidencias de comisión, más una secretaría segunda en el Senado y una presidencia de comisión.

En términos económicos, la vicepresidencia aporta 3.214,25 euros extras al mes al grupo –1.328,06 como miembro de la Mesa; 1.109,84 por gastos de representación y 776,35 por libre disposición– y cada presidencia de comisión 1.536,56 euros mensuales brutos.

Retratados

La secretaría que persiguen los nacionalistas vascos –que ya han adelantado que no tendrán problema en votar a Bono si salen «satisfactoriamente retratados» en el reparto de cargos– suponen 1.779,3 euros de más al mes. Todos los miembros de la Mesa, así como los portavoces de grupo, tienen derecho además a un coche oficial. Y disponen también de dos asistentes personales cada uno.

Pero, al margen de los beneficios económicos, estar en la Mesa sirve para influir en la toma de determinadas decisiones. Este órgano es, por ejemplo, el encargado de calificar los escritos y documentos que llegan al Congreso y de declarar la admisibilidad o inadmisibilidad de los mismos. En esta legislatura fue clave para permitir el debate en pleno del ‘plan Ibarretxe’ en contra del criterio del PP.

El visto bueno de la Mesa es, además, preceptivo para aprobar las resoluciones con las que la Presidencia suple posibles lagunas del reglamento y sirve de apoyo al presidente para interpretar el texto normativo en caso de duda; aunque la decisión final corresponda a quien encarna la tercera institución del Estado.

Durante su mandato, el presidente en funciones de la Cámara baja, Manuel Marín, llegó así a permitir durante un tiempo el uso «simbólico» del catalán, el euskera y el gallego en el hemiciclo. Después, ante lo que consideró abusos de diputados bilingües, en especial de Esquerra Republicana, decidió de manera unilateral aplicar con rigor el reglamento y la Constitución.

Es difícil pensar que la presencia en la Mesa de CiU y PNV vaya a alterar esta última decisión de un exasperado Marín. Bono –a quien José Luis Rodríguez Zapatero prometió el cargo hace casi un año, cuando aún ni siquiera había fecha para las elecciones– ya advirtió hace meses de que será inflexible con este asunto. Su animadversión hacia los nacionalismos siempre ha sido evidente. Ni siquiera se entiende bien con los socialistas catalanes y vascos. En el PSC y en el PSE la elección del ‘gran líder’ fue recibida, de hecho, con disgusto. Algunos en el PSOE la achacaron a la creencia de que serviría como gancho para el electorado de Castilla-La Mancha. Un error.

No tan maquiavélico

Otros aseguran que Zapatero no fue tan maquiavélico y que improvisó un sí rápido a una petición del ex ministro de Defensa. Bono es, pues, un sapo que se tendrán que tragar muchos. Inevitablemente. Porque, aunque ni el PNV ni CiU se comieran su orgullo, saldría elegido.

Quizá en segunda vuelta, con mayoría simple, pero ganaría. La única alternativa es que el PP–que aún no ha aclarado qué hará este martes en la sesión constitutiva de las Cortes– proponga otro candidato que suscite el apoyo de los demás grupos. Algo impensable.