La Junta pretende acaparar la iniciativa fiscal en los impuestos indirectos

Esta idea figura en la propuesta remitida en abril de 2006 por la Junta al Ministerio de Economía y Hacienda, que volverá a ser la base de la posición del Ejecutivo andaluz en la negociación del nuevo sistema de financiación vigente, y en la que defiende la cesión del 50 por ciento del IRPF a las comunidades «manteniendo el Estado la competencia de configuración básica del impuesto», de forma que se logre «garantizar para todo el Estado una igual definición de la capacidad de pago» que permita «compaginar autonomía financiera del Estado y de las comunidades autónomas, reequilibrio a nivel nacional y redistribución en la escala autonómica».

El documento, titulado 'Análisis de la problemática del modelo de financiación autonómica como base para su reforma. Propuesta desde Andalucía', demanda además una «participación equivalente» de las comunidades en los impuestos indirectos que gravan el conjunto del consumo -tanto el IVA como consumos específicos sometidos a impuestos especiales armonizados- para que las haciendas autonómicas puedan «disponer de un sistema fiscal equilibrado2.

Armonización europea

Según la Consejería andaluza de Economía y Hacienda, los impuestos sobre el consumo «tienden a ser más homogéneos en su distribución entre comunidades y bastante estables en el tiempo (puesto que el consumo es una magnitud más estable que el empleo o la renta) haciendo participar en el sostenimiento de los servicios públicos a cuantos se benefician de ellos, no sólo a los residentes», por lo que considera que «mantener porcentajes significativos de su recaudación asociados a las competencias autonómicas constituye una garantía de estabilidad para los ingresos». No obstante, la Junta advierte de que los impuestos sobre el consumo «presentan el inconveniente de aportar poca autonomía financiera real, al exigir la armonización europea la existencia de tipos únicos para cada Estado.