La Junta desmiente al juez Tirado sobre la baja de una funcionaria
La Delegación de Justicia de la Junta en Sevilla desmintió ayer las declaraciones del juez Rafael Tirado Márquez y aseguró ayer que ningún funcionario del Juzgado número 1 de lo Penal de esta provincia ha estado cinco meses de baja.
Actualizado: Guardar En un comunicado, la Junta explicó que la única baja que se registró en este departamento fue la de una «funcionaria del cuerpo de tramitación estuvo, a partir del 29 de marzo de 2006, 43 días de baja por un esguince de tobillo, y la Delegación provincial la sustituyó 40 días después, el 8 de mayo, tras la primera reunión de la comisión paritaria con los sindicatos de interinos/as del 19 de abril».
Según la administración, tras este periodo de algo menos de mes y medio de sustitución, la funcionaria cesó por incorporación de la titular. «Por tanto, la funcionaria titular, del cuerpo de tramitación, sólo estuvo de baja esos 43 días en todo el año 2006». Aparte de este caso, la Junta informó de que sólo una trabajadora del Cuerpo de Auxilio Judicial se dio de baja por un mes, desde el 31 de octubre de 2006, y se incorporó el 31 de noviembre del mismo año.
Ocho funcionarios
Además, las citadas fuentes informaron de que el Juzgado número 1 de lo Penal de Sevilla, además del juez y de la secretaria judicial, consta de ocho funcionarios, cuatro funcionarios de tramitación, dos de Gestión y dos de Auxilio Judicial. De este modo, «el seguimiento de las ejecutorias de las sentencias compete a los órganos judiciales y éstos deben de priorizar los casos con presos y los de especial importancia. Estas ejecutorias van desde seguimientos de casos leves, como multas de tráfico, hasta asuntos muy graves».
Por todo ello, la Junta de Andalucía espera que la Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aclare «con rapidez el retraso en la tramitación de la ejecución de una sentencia de un caso tan grave como el de Santiago del Valle».
Recordó que el retraso en el control de la ejecutoria de la sentencia, de enero de 2006, «está siendo investigado por la Inspección del Consejo General del Poder Judicial, dado que la responsabilidad de priorizar la importancia y la prelación de los casos es del órgano judicial, tal y como recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial».
