El Ayuntamiento exige a Sanlúcar Club de Campo que cumpla sus promesas

En concreto, y a través de la moción aprobada en el pleno, se demanda a la promotora Tenfa que cumpla los compromisos adquiridos hace una década, cuando le autorizó este proyecto que, según Hohenlohe, haría de Sanlúcar un centro turístico «setenta veces mejor» que Marbella.

Los promotores prometieron unos 2.000 empleos «de calidad» para una de las localidades con mayor tasa de paro de España; invertir 23.000 millones de las antiguas pesetas (unos 140 millones de euros); construir hoteles de lujo, un puerto deportivo, un centro hípico o auditorio y hasta regenerar un valioso pinar.

Nada de lo esperado

Pero lo edificado diez años después en el millón y medio de metros cuadrados de este espacio natural privilegiado sólo son centenares de viviendas, sin siquiera carretera de acceso, y un campo de golf con un controvertido abastecimiento de agua. Una situación que llevó a decir al concejal andalucista Antonio Prats, ante el pleno municipal sanluqueño del pasado miércoles: «Me equivoqué; se trataba de un proyecto especulativo que no es lo que nos vendieron». Lo sorprendente es que Prats ha sido durante esta década un decisivo protector de esta macrourbanización como responsable de Urbanismo de Sanlúcar y delegado de la Consejería de Turismo en Cádiz. Pero Sanlúcar Club de Campo no es sólo un asunto local de Sanlúcar, donde promovió cambios de alcalde, episodios violentos y, para algunos grupos políticos y sociales, una fuente de corrupción.

Esta macrourbanización también ha protagonizado una de las mayores controversias urbanísticas de Andalucía de la última década tras haber sido denunciada en los parlamentos europeo y andaluz, ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y haber recibido un informe desfavorable incluso del Defensor del Pueblo español.

El Gobierno andaluz llegó a modificar, en febrero de 1996, el Plan Director Territorial de Coordinación (PDTC) de Doñana para excluir a Sanlúcar de esta normativa supraprovincial que restringe los usos urbanísticos para preservar este espacio protegido.

Esta decisión, interpretada como un forzado trato de favor al proyecto de Hohenlohe y una amenaza a Doñana, fue desaconsejada por el Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Manzano. La Junta hizo caso omiso y también rechazó las peticiones de paralización del club de campo que en 1997 se presentaron en los parlamentos europeo y andaluz.