El CGPJ detectó «cierta lentitud» en el juzgado que condenó a Del Valle

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) investigó a finales del pasado año el Juzgado de lo Penal 1 de Sevilla, que condenó a dos años de cárcel por abusos sexuales al presunto asesino de Mari Luz Cortés, sin que comprobara la ejecución de la sentencia, y no detectó ninguna anomalía o irregularidad grave, aunque sí «cierta lentitud» en la tramitación de las ejecuciones de sentencia e incluso en la cobertura de las vacantes de personal. La Fiscalía de Sevilla también concluyó el viernes en un examen preliminar que hubo un «defectuoso control de la ejecución» de la sentencia.

El portavoz del CGPJ, Enrique López, explicó que la investigación ordinaria sobre este juzgado se llevó a cabo el pasado noviembre, y se centró en el estado general y estadístico de la sede judicial, y en un muestreo de los asuntos. El informe concluyó que había «cierto retraso en la tramitación de las ejecutorias e incluso en la cobertura de las vacantes de personal, aunque se trata de una situación extensible a otros juzgados nacionales».

Por ello, se realizaron una serie de recomendaciones al juez y a la secretaria, entre las que se incluía la remodelación del negociado de ejecutorias, la supervisión personal del mismo y el impulso de oficio de las ejecuciones de búsqueda y captura. También se acordó realizar un seguimiento de los avances cada tres meses, por lo que estos índices del juzgado tendrían que llegar en estos días. López matizó que estas recomendaciones «no pretenden sustituir al juez o a la secretaria del juzgado, sino ayudarles a agilizar el trabajo».

La información sobre la ausencia de anomalías en el Juzgado de lo Penal 1 coincide con los datos aportados ayer mismo por la Fiscalía de Sevilla, que en la investigación preliminar realizada entre el jueves y el viernes concluyó que se produjo un «defectuoso control de seguimiento» sobre la ejecución de la sentencia condenatoria. El Ministerio Público pone de manifiesto el relajo en la tramitación de la condena, dado que en ningún momento recibieron comunicación alguna de dicho juzgado para notificar la desaparición de Santiago del Valle y solicitar el consentimiento para dictar una orden de busca y captura.

En este sentido, el informe de la Fiscalía hispalense insiste en que esta notificación se recibió el pasado 7 de marzo, y el 19 de marzo, apenas una semana antes de su detención, la propia Fiscalía solicitó que se ejecutase esa orden de búsqueda y captura. Asimismo, contrasta que el principal inculpado por la muerte de la niña de Huelva estuviese en paradero desconocido para el Juzgado de lo Penal 1 y en cambio otro juzgado de instrucción le obligase a comparecer regularmente desde que fue detenido por tocamientos a una menor en abril en diciembre de 2006.

Ante esta descoordinación, el padre de Mari Luz, Juan José Cortés, ha anunciado que no descarta emprender acciones legales y pide a los permitieron que el presunto asesino de su hija estuviera en la calle que asuman sus responsabilidades.

Mientras tanto, los argumentos esgrimidos por el juez que condenó a Del Valle de que no se percató de que no cumplía su pena se han convertido en nuevo elemento de debate político. Asociaciones de juristas salieron en defensa del magistrado Rafael Tirado y reiteraron que, como aseguró éste, la Justicia arrastra una pertinaz falta de medios personales y económicos. El presidente del PP de Andalucía, Javier Arenas, reclamó, a su vez, explicaciones al Gobierno del socialista Manuel Chaves por el retraso de cinco meses en cubrir la vacante y pidió que se investigue la gestión de los medios materiales y humanos.