Canje en Colombia
El decreto excepcional aprobado por el Gobierno de Colombia, por el que se aviene a realizar un canje «humanitario» de presos de las FARC por secuestrados con la única condición de que los primeros se comprometan a no delinquir, ha abierto nuevas expectativas para lograr el final del atroz cautiverio que sufren los rehenes de la narcoguerrilla. La iniciativa se produce después de que haya intensificado la alarma ante la crítica situación de Ingrid Betancourt, lo que implica que el Ejecutivo se ha mostrado sensible ante las informaciones que advierten de un empeoramiento en el precario estado de salud de la ex candidata presidencial. La emblemática figura de Betancourt y las presiones de Francia y otros miembros de la comunidad internacional para que el Estado colombiano trate de propiciar su puesta en libertad comprometen de manera singular a Uribe. Pero ello no puede llevar a olvidar el drama del resto de los 700 secuestrados, ni a incidir en la peligrosa equiparación de la respuesta del Gobierno con el empecinamiento criminal de las FARC.
Actualizado:En este sentido, el decreto del Ejecutivo no debería interpretarse como un intento de atribuir toda la responsabilidad a la narcoguerrilla por la suerte que corra Betancourt, sino que su aprobación constituye, en sí misma, la evidencia de la culpabilidad del grupo terrorista y del intolerable chantaje al que pretende someter al conjunto de la sociedad colombiana. Cabe la posibilidad de que la exigencia para que los reclusos repudien la violencia sea asumida por las FARC como un requisito inaceptable. Pero su negativa no supondrá el fracaso de Uribe, sino una nueva prueba de la inhumanidad de una guerrilla que sólo debería encontrar comprensión fuera de sus fronteras si renuncia a seguir vulnerando los derechos humanos más elementales.