El plan de Costas para evitar ladrillos a pie de playa podría afectar a un millar de propietarios de suelo

«Apartamentos y chalés a 50 metros de la playa». El complejo urbanístico de Atlanterra, en Zahara de los Atunes (Barbate), se vende en internet como un auténtico paraíso al borde del mar en pleno Cabo de Gracia. Nueve urbanizaciones y un hotel de lujo se han levantado en uno de los mejores enclaves paisajísticos de la provincia. Sin embargo, este tipo de actuaciones podría tener los días contados. La Administración trata de poner cerco al ladrillo en la costa.

El litoral gaditano se enfrenta a una experiencia pionera en España para aumentar aún más el grado de protección de la franja costera frente a la expansión urbanística. La Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico plantea una vuelta de tuerca a la situación actual y ampliar cien metros más la zona de servidumbre de protección. De esta forma se impediría definitivamente la construcción de urbanizaciones a 200 metros de la primera línea costera que se establece desde el Dominio Público Marítimo Terrestre.

El informe que recoge las pautas para llevar a cabo esta ampliación del deslinde es uno de los trabajos que ha dejado sobre la mesa el hasta hace dos semanas jefe de la Demarcación de Costas, Federico Fernández, y que durante varios meses ha estado elaborando con varios ayuntamientos. En total son quince municipios afectados y casi 187 kilómetros de costas los que quedarían bajo una protección especial. Los ayuntamientos con más zonas afectadas son Barbate, Vejer, El Puerto, Conil y Tarifa.

Este periódico ha podido saber, según las estimaciones de algunos alcaldes, que, al menos, un millar de propietarios de los terrenos que estarían incluidos en la nueva zona de servidumbre de protección no tendrían posibilidad alguna de construir o vender el solar para nuevas promociones. Buena parte de los terrenos afectados son también públicos. El alcalde de Barbate, el socialista Rafael Quirós, reconoce que la aplicación de esta medida en sus 25 kilómetros de costa no sería traumática, «pero hay algunas zonas como El Soto, El Cañillo o la Ribera de la Oliva que necesitarían un tratamiento puntual, ya que en estos parajes hay explotaciones ganaderas y tendríamos que respetar los derechos adquiridos».

El planteamiento del informe de la Demarcación de Costas no es otro que proteger el Dominio Público Marítimo Terrestre más valioso y singular de Cádiz y, al mismo tiempo, ordenar y prevenir de futuras actuaciones urbanísticas. El objetivo es garantizar la conservación de los valores naturales, favorecer la protección, recuperación y conexión de los espacios naturales costeros y asegurar, al mismo tiempo, los espacios libres en áreas de la costa que podrían estar sujetos a riesgo de retroceso por el efecto del mar.

De esta forma se han seleccionado 24 tramos costeros entre Chipiona y San Roque en función de su fragilidad y singularidad. Así, la ampliación de la servidumbre cien metros más afectaría, por ejemplo, a las dunas de Rota, a las de San Antón, en El Puerto, al entorno del río Roche, en Conil, y a los acantilados de La Breña, en Barbate, entre otros.

La concejal de Urbanismo de El Puerto, Patricia Ybarra, reconoce que la ampliación de la línea de servidumbre resulta clave para evitar los ladrillos, «es un terreno reservado». En el caso de su municipio, esta actuación, de llevarse a efecto, no afectaría a ninguna de las previsiones que recoge el nuevo plan. Su aplicación en el Coto de la Isleta o en Los Toruños no entraña problemas. Sin embargo, la edil duda de su aplicación en las Dunas de San Antón, donde ya hay construcciones consolidadas desde La Puntilla a Puerto Sherry.

La actual ley de Costas cumplirá en breve 20 años y su artículo 23 es el que recoge la reserva de cien metros y la posibilidad de ampliación a otros cien, algo que deja en manos de la Administración del Estado, de acuerdo con la Comunidad Autónoma y los ayuntamientos afectados. Es el paso que propone dar ahora la Demarcación.

Su informe es muy claro en este punto. Señala que la puesta en marcha del plan obliga a un consenso con las delegaciones provinciales de Medio Ambiente y las de Obras Públicas de la Junta, así como con los quince ayuntamientos afectados. Esta ampliación se hace sobre tramos que están justificados, ya que no impiden el crecimiento de los municipios afectados y establece una ordenación reglada de la franja costera. El suelo reservado sólo puede albergar equipamientos, caso de aparcamientos, y sistemas generales, como paseos.

Las negociaciones con los alcaldes estaban muy avanzadas y la intención era que el acuerdo viera la luz antes de final de año. Sin embargo, la celebración de las elecciones generales ha paralizado en cierta medida el proceso hasta la designación del nuevo titular de Medio Ambiente y, al mismo tiempo, del nombramiento del nuevo Jefe de la Demarcación de Costas. La previsión en la que se trabaja es que en el plazo de tres años se lleve a efecto la iniciativa.

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