El PSOE avisa a los nacionalistas de que no hipotecará cuatro años por la investidura

La experiencia es un grado. El PSOE se niega a que las aspiraciones soberanistas del PNV hipotequen la acción de Gobierno. La erosión padecida en la pasada legislatura como consecuencia del compromiso adquirido por José Luis Rodríguez Zapatero con el Estatuto de Cataluña ha dejado una honda cicatriz en la dirección del partido. La postura oficial es ahora la de que si los nacionalistas se exceden en sus exigencias se irá a una segunda vuelta en la investidura. No es lo que desean, pero tampoco lo descartan.

El secretario de Organización del PSOE y encargado de las negociaciones con los grupos parlamentarios, José Blanco, aseguró hoy que aún no ha comenzado a hablar de ese proceso con ninguna fuerza política, pero insistió en que cualquier acuerdo tiene que «sintonizar plenamente» con el proyecto político de Zapatero. Si no es así, dicen los socialistas, se pasará el primer trámite de la elección del presidente del Gobierno aunque sea a trancas y barrancas y ya se irán forjando acuerdos más adelante.

«Confrontación»

«La investidura no tiene por qué ser el final del proceso», alegó Blanco en alusión al último recado del PNV. El portavoz de esta formación en el Congreso, Josu Erkoreka, había vaticinado unas horas antes, en la televisión pública vasca, un «cierto nivel de confrontación política» si Rodríguez Zapatero se niega a resolver con el lehendakari Juan José Ibarretxe el «contencioso vasco» y finalmente no se alcanza un pacto con el PSOE.

El número dos de los socialistas aseguró estar «en la mejor disposición de hablar», pero añadió que no aceptará «condiciones previas de nadie». Su discurso casa con la insistencia de Zapatero en que los resultados obtenidos el pasado día 9 conceden a su grupo parlamentario mayor grado de «autonomía» que en la legislatura anterior. Faltan sólo siete diputados para la mayoría absoluta.

En el partido gubernamental son muchos los que creen que, en realidad, los 'peneuvistas' están más necesitados del acuerdo porque la sangría de votos sufrida en los últimos comicios obliga a sus dirigentes escenificar un cambio de rumbo y a salir del enroque del plan Ibarretxe. Por eso, piden que no se le sirva en bandeja una salida que, además de condicionar la agenda del Gobierno como ocurrió con las anteriores reformas estatutarias, perjudicaría los intereses del PSE a puertas de unas elecciones autonómicas.

Compromisos

Fuentes de la dirección socialista admiten, aún así, que la situación es «complicada» porque la otra alternativa, el entendimiento con CiU, también tendría un coste elevado. No en vano, la coalición nacionalista es oposición en Cataluña a un gobierno presidido por el socialista José Montilla. Y sólo daría el sí a Rodríguez Zapatero a cambio de un compromiso firme sobre mejoras en la financiación. Todo en un momento en el que el vicepresidente económico, Pedro Solbes, habla de apretarse el cinturón.

Blanco admitió ayer que aún no se ha tomado una decisión sobre la publicación de las balanzas fiscales, una exigencia de los catalanes a la que el ministro de Economía abrió las puertas en la pasada campaña. Éste asunto será un elemento de negociación más con una formación que, en todo caso, condiciona su estrategia a la coyuntura del Gobierno de la 'Generalitat', en aprietos por las guerras intestinas abiertas en ERC, uno de sus tres pilares.

Conscientes de que, al menos hasta septiembre, el panorama no se despejará en Cataluña y de que costará atraer a su terreno a los diez diputados de CiU, el PSOE se prepara para otra legislatura de ardua negociación parlamentaria. Pero siempre con la premisa, insisten en la dirección del partido, de que esta vez siete diputados no condicionen el programa de 159.