Un juez paraliza una orden de expulsión contra un boliviano con hija española
La Subdelegación decretó la repatriación, sin tener en cuenta el informe policial que la desaconsejaba, y alegó que «el núcleo familiar podrá residir en su país» El Juzgado suspende la medida por el arraigo que el inmigrante tiene en España
Actualizado: GuardarLa Subdelegación del Gobierno ha vuelto a dictar una orden de expulsión contra un boliviano residente en la provincia de Cádiz y que tiene una hija española. La resolución, fechada en septiembre pasado, estipulaba la expulsión de Edgar, el ciudadano afectado, y la prohibición de entrada en España durante cinco años. El subdelegado del Gobierno, Sebastián Saucedo, considera proporcionada esta sanción por carecer de documentación y no haber solicitado ninguna clase de permiso de residencia.
Sobre el hecho de que tenga una hija, que cuenta con dos años, que es española, el representante de la Administración central en la provincia señala en la resolución que «la expulsión del progenitor no determina la del menor» y que la del padre no producirá la desmembración de la familia porque «el núcleo familiar podrá residir en su país de origen». Diego Boza, de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), calificó esta expresión como «una expulsión encubierta de una ciudadana española».
No obstante, Edgar continúa residiendo con su mujer y su hija en San Fernando. La orden no se ha ejecutado porque fue recurrida ante el Juzgado de lo Contencioso de Cádiz. Según ha informado APDH-A, este órgano judicial ha suspendido la expulsión a causa del arraigo familiar del afectado por tener una hija española. Esta asociación señaló también que existe una nutrida jurisprudencia del Tribunal Supremo que se pronuncia en contra de la expulsión de extranjeros que sean padres de menores de edad españoles.
Informe policial
Existe un informe policial en el que se asegura que Edgar acreditó ser padre de una menor española. Según el instructor del Grupo de Extranjería de la Policía Nacional, esta circunstancia no le da derecho a la obtención de la residencia, aunque apunta que «sería improcedente proceder a su expulsión dejando a su hija en España». Por el contrario, este informe propone la imposición de una multa de 600 euros. La Subdelegación del Gobierno, sin embargo, no tomó en consideración esta propuesta y ordenó que Edgar fuera repatriado a Bolivia.
La resolución de expulsión señala con respecto a la hija de Edgar que no le es de aplicación una norma dirigida a «ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea» y sus familiares por ser padre de una española. Boza explicó que este Real Decreto al que se refiere el texto está recurrido ante el Tribunal Supremo porque «se pueden beneficiar de él los franceses, por ejemplo, pero no los españoles». La APDH-A recordó el caso de otro boliviano que se vio en una situación similar recientemente y que fue expulsado porque no recurrió ante los tribunales por desconocimiento de esta posibilidad.
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