Pactar prioridades políticas
Los resultados de las elecciones generales y el deterioro en la convivencia tras cuatro años de fuerte crispación han situado tanto al nuevo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como al PP de Mariano Rajoy ante la alternativa de guiarse por la inercia o intentar abrir una nueva etapa de entendimiento en aspectos centrales de la política española. El ofrecimiento de José Antonio Alonso de «mucho diálogo» para tratar de lograr consensos en asuntos de Estado y su propia designación como nuevo portavoz del PSOE en el Congreso parecen sugerir una reorientación en la estrategia socialista, aunque esa modulación dependerá de la preeminencia que quiera otorgar Rodríguez Zapatero a las relaciones con el primer grupo de la oposición frente a otros posibles aliados. Por de pronto, su voluntad de explorar acuerdos con el PNV y CiU orilla a los populares, al menos transitoriamente, en el restablecimiento de un clima de concordia. Pero la supeditación que Rajoy ha efectuado de su eventual abstención en la investidura al logro de cuatro grandes pactos de Estado tampoco puede obstaculizar el cambio hacia una línea de oposición menos beligerante que la de la pasada legislatura.
Actualizado:La intensificación del bipartidismo tras el 9-M obliga a las dos grandes formaciones a un mayor compromiso en el respeto a la pluralidad parlamentaria. Pero esa misma polarización también implica un mandato implícito para que ambos encaucen de manera más razonable sus diferencias en aquellas cuestiones básicas para el Estado. O, cuando menos, para que identifiquen las prioridades de los próximos cuatro años con un cierto grado de coincidencia. En este sentido, los cuatro acuerdos en los que Rajoy insistió ayer -la lucha antiterrorista, el modelo territorial, el sistema de prestaciones sociales y la política exterior- no difieren sustancialmente de los objetivos que se prefijó tras su victoria electoral Rodríguez Zapatero, obligado a gestionar sin dilación las dificultades derivadas de la desaceleración económica. Es evidente que la distancia que separó en los meses previos a las elecciones el optimismo del Gobierno de los oscuros pronósticos del PP no ha contribuido a tranquilizar los ánimos de una ciudadanía que ha visto cómo se reducía su poder adquisitivo. La división entre ambos sobre el modo de encarar el posible final de ETA ha ofrecido un pernicioso flanco de debilidad frente a las pretensiones desestabilizadoras de los terroristas, una enseñanza que debería ser ineludible para quienes en una y otra parte tengan la tentación de reivindicar sin autocrítica sus estrategias de los últimos cuatro años. Pero si un pacto resulta perentorio es el que afecta a la renovación del Consejo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, un reto insoslayable para los dos grandes partidos en su obligación de prestigiar a una Justicia dañada por la pugna partidaria.