Piden la detención de un ex ministro argentino por la desaparación de un español
La Secretaría de Derechos Humanos de Argentina pidió ayer a un juez que ordene la detención de José Alfredo Martínez de Hoz, ex ministro de Economía durante la última dictadura, por la desaparición en 1977 de un funcionario argentino de origen español que ocupaba entonces un alto cargo en esa cartera.
Actualizado:La presentación ante el juez Daniel Rafecas fue realizada por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, quien también solicitó idéntica medida contra Guillermo Klein y Juan Alemann, antiguos colaboradores de Martínez de Hoz en el ministerio de Economía.
En una rueda de prensa, Duhalde explicó que ésta es la tercera querella que la Secretaría de Derechos Humanos entabla contra Martínez de Hoz, considerado uno de los ideólogos del último gobierno de la dictadura (1976-1983). El ex ministro, y sus colaboradores Klein y Alemann, quienes entonces actuaban como secretarios de Planificación Económica y de Hacienda, respectivamente, fueron acusados del secuestro y homicidio de Juan Carlos Casariego de Bel, de origen español.
Funcionario de carrera
Casariego de Bel era un funcionario de carrera del Ministerio de Economía, que en 1976 fue nombrado director del Registro de Inversiones Extranjeras de esa cartera. El 15 de junio de 1977 el funcionario, que entonces tenía 54 años, fue visto por última vez y, actualmente, forma parte de la lista de desaparecidos durante la dictadura, integrada por 18.000 personas, según cifras oficiales, y por 30.000, de acuerdo con los organismos de derechos humanos.
En su comparecencia ante los periodistas, Duhalde explicó que, en base a una investigación parlamentaria, se estableció que el funcionario fue secuestrado y asesinado por negarse a firmar documentos que avalaban la pretensión de la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIADE) de ser transferida al Estado.
José Alfredo Martínez de Hoz fue presidente de la CIADE hasta el 28 de marzo de 1976, cuatro días después del golpe de Estado que llevó a los militares al poder y a él a la jefatura del ministerio de Economía.
El abogado Luis Alén, subsecretario de Protección de Derechos Humanos, que patrocina la querella, consideró que el de Casariego de Bel es un «caso testigo» de los «negociados» del Estado con «poderosos grupos empresarios» que avalaron aquel golpe militar.