La Junta recalca que la sanción por el accidente de Ronda Muleros no caerá en saco roto

Fuentes de la Consejería indicaron a Europa Press que la Junta tiene constancia de que las dos empresas sancionadas «están dadas de alta en el registro mercantil en la provincia de Cádiz», con lo que «tendrán que hacer frente a sus obligaciones en relación con las sanciones impuestas».

«No nos consta baja en el registro», agregaron estas fuentes, que recordaron que «en cualquier caso, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece como responsable para responder a las sanciones impuestas al empresario, no a la empresa».

Indicaron que en la normativa «se habla de responsabilidad del empresario» e insistieron en que «aun en el caso de una sociedad limitada que esté desaparecida o en liquidación, sus responsables tienen unas obligaciones».

«La sanción no quedará, en ningún caso, en saco roto, pues la propia Ley habla de responsabilidad del empresario», insistieron las fuentes.

La semana pasada el sindicato UGT apuntó el hecho de que «al menos una» de las empresas sancionadas «pueda no existir como entidad jurídica», según fuentes de la Federación del Metal, Construcción y Afines (MCA) de UGT Cádiz.

Fuentes sindicales indicaron que en el caso de Al Trote Ferrallas «ya no existe como entidad jurídica, al menos con ese nombre», mientras que sobre la segunda empresa sancionada, Grupo Inmobiliario Fénix Camacho, -que, según estas fuentes, figura como empresa principal y que fue la que subcontrató a Ferrallas- «no hemos oído hablar más de ella». De esta forma, apuntaron la posibilidad de que «ninguna de las dos empresas esté operando en el mercado inmobiliario, al menos con esos nombres».

Indicaron que si actualmente no existieran esas empresas «las personas físicas, es decir, los propietarios de las sociedades, tendrán que asumir algún tipo de responsabilidad, y si no puede hacer frente al pago de esas sanciones, tendrá que pagarlo o bien con cárcel o con el embargo de bienes; alguna acción deberá tomar la Junta».