El CGPJ rechaza actuar contra los 134 jueces que firmaron en contra del PP

El servicio concluye que la firma del documento «carece de respuesta disciplinaria en nuestro marco legal». No obstante, el órgano del Poder Judicial cree que los 134 jueces «han intervenido en el proceso electoral vertiendo su opinión sobre ciertos temas de intrínseco contenido jurídico que también tienen proyección política, dado el momento en que se ha hecho publico». Es más, los magistrados han «proyectado a la opinión pública una crítica del programa publicado por un partido político, aun cuando en él no se menciona expresamente».

Sin prohibición

Sin embargo, la Inspección recuerda que, a pesar de que los jueces tienen restringido su derecho a expresar sus opiniones, «no pueden ser privados, a priori y de forma absoluta, del ejercicio de este derecho, pues no existe en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial ninguna prohibición genérica del mismo».

La decisión de investigar a los jueces firmantes partió del propio presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Francisco Hernando, quien mostró su «preocupación» por el hecho de que estos profesionales «participen de manera abierta y activa en la política y en los procesos electorales». El documento que desató las iras de Hernando y del sector conservador del CGPJ estaba respaldado por unos 300 juristas -magistrados, fiscales, secretarios judiciales, catedráticos y abogados- y por seis asociaciones profesionales de corte progresista, entre ellas Jueces para la Democracia.

Entre los jueces que rubricaron el texto estaban magistrados del Supremo como Perfecto Andrés, de la Audiencia Nacional como José Ricardo de Prada y vocales del CGPJ como Montserrat Comas y Félix Pantoja. Sin embargo, la sorpresa que elevó la repercusión mediática de la crítica fue la rúbrica de Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y del tribunal del 11-M, y, al menos hasta ahora, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura.