Un tercio de los inmigrantes extracomunitarios en Andalucía tiene un título universitario

Llevan un título universitario bajo el brazo, pero encontrar un buen empleo no es tarea fácil para ellos. Este podría ser el perfil de cualquier joven español, pero en el caso de los inmigrantes que residen en Andalucía, las dificultades a la hora de acceder al mercado laboral son mucho mayores. Así lo pone de manifiesto el estudio La inmigración en Andalucía: una visión desde el siglo XXI, realizado por el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (IESA) y presentado ayer, que incide en que, a pesar de que el 36% de los extracomunitarios que viven en la Comunidad poseen estudios universitarios -y en muchos casos duplican el nivel educativo de la población andaluza-, uno de cada dos empleados inmigrantes ejerce un trabajo no cualificado, ya sea en la agricultura, la hostelería y los servicios domésticos.

La situación podría definirse con una frase: «Es muy común ver a un ingeniero agrónomo como peón de obra o a un físico sirviendo cafés». El autor del informe, Sebastián Rinken, hizo hincapié en que los inmigrantes licenciados que residen en Andalucía, -procedentes en su mayoría de América Latina y de Europa del Este y pertenecientes a clases medias empobrecidas-, suelen arriesgarse a abandonar su hogar «buscando una oportunidad laboral que en sus países de origen no tienen».

Por todo ello, Rinken instó a que el desajuste entre nivel de formación y ocupación de los inmigrantes se resuelva, entre otras medidas, con la aceleración del proceso de homologación de títulos universitarios procedentes del extranjero. Además, insistió en la necesidad de realizar un debate público «en el que se establezca que al empleo se debe acceder por la formación y no por el lugar donde uno haya nacido».

Dicho estudio, publicado en la colección Realidad social del Centro de Estudios Andaluces, destaca también que la presencia de extranjeros ha aumentado de manera más acentuada en el conjunto del territorio nacional que en Andalucía. En concreto, en los primeros siete años del siglo XXI, el número de extranjeros se ha casi quintuplicado en España, mientras que en Andalucía sólo se cuadriplicó.

Con respecto a la distribución extranjera empadronada en Andalucía, Rinken subrayó el hecho de que dos de cada tres inmigrantes asentados se encuentran en Almería y Málaga. Estas acogen al 22% y 42% de la población inmigrante, respectivamente. Y es que, de los 527.000 extranjeros empadronados en Andalucía a finales de 2006, casi 220.000 estaban inscritos en los registros de algún municipio malagueño y 115.000 personas más en el padrón de alguna localidad almeriense.

Recién llegados

Por otro lado, este estudio señala que la proporción de no cotizantes se incrementa sustancialmente entre los recién llegados, superando el 80% entre aquellos inmigrantes que llevan menos de 15 meses residiendo en Andalucía. Asimismo, existe una notable diferencia por sexo: el porcentaje de trabajadoras con empleo regular es siempre inferior al de los varones, acentuándose dicho diferencial no sólo entre los recién llegados, sino también entre los más asentado.

De igual modo, el análisis destaca también que las actitudes ante la inmigración parecen estar abocadas a una creciente polarización. Los efectos de este fenómeno social están siendo percibidos en muchos casos como ambivalentes y se constata, además, «la emergencia de un grupo minoritario pero no insignificante con postura declarada y descaradamente hostiles».

Si bien, Rinken asegura que la tónica dominante de la opinión pública andaluza ante la inmigración es, precisamente, la disponibilidad para acoger como vecinos absolutamente normales a los inmigrantes.

Por último, respecto a las políticas migratorias, el estudio señala que la comunidad autónoma andaluza se ha comprometido «firmemente» con el objetivo de la integración social de los inmigrantes. Para conseguirlo, garantiza y fomenta el acceso de toda persona empadronada en Andalucía, independientemente de otras circunstancias, a la atención sanitaria y los servicios sociales básicos y, si es menor de edad, también el acceso a la educación obligatoria.