Privacidad fisgada

as medidas adoptadas por el Departamento de Estado de EE UU contra tres de sus empleados por haber fisgado indebidamente datos personales de los pasaportes de John McCain, Hillary Clinton y Barack Obama constituye la reacción mínima ante un acto ilícito tan grave, que vulnera el derecho a la privacidad y a la seguridad de los tres aspirantes a la Casa Blanca. El Gobierno está obligado a realizar una investigación a fondo que verifique con certeza cuáles eran las intenciones de los funcionarios sancionados, que detecte los eventuales fallos en la salvaguarda de un sistema que tramita al año 18 millones de credenciales y proceda a corregirlos. Porque resultando evidente que es la identidad de los candidatos a la Presidencia la que puede haber avivado en este caso una reprobable curiosidad, cabe preguntarse si la indiscreción no habrá alcanzado a otros ciudadanos anónimos con los mismos derechos a proteger.