Obligada clarificación
El atentado perpetrado por ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Calahorra, apenas dos semanas después del asesinato de Isaías Carrasco y de las elecciones generales, constituye una descarnada constatación de cuáles siguen siendo los propósitos de la organización terrorista en el arranque de la nueva legislatura. Los 70 kilos de explosivos con los que reventó el coche bomba no podían perseguir otro objetivo que provocar la mayor destrucción posible. Sólo la celeridad en acordonar la zona, muy transitada por la festividad de Viernes Santo, evitó consecuencias que podían haber sido irreparables, lo que no resta un ápice de gravedad a la conmoción sufrida por las cuarenta familias desalojadas de sus viviendas, por la pareja secuestrada para robarles el automóvil y por todos los vecinos de la localidad riojana. La coincidencia de la última acción terrorista con el segundo aniversario de la declaración de tregua confirma con estremecedora nitidez que la intención de la banda no fue renunciar a las armas y sí volver a empuñarlas salvo cesión a sus inaceptables exigencias.
Actualizado: GuardarFrente a la obcecación criminal de los terroristas, y también ante quienes aún confían en la recurrente apuesta por la vía dialogada, el nuevo Gobierno de Rodríguez Zapatero no puede ofrecer otra respuesta que la intensificación de los mecanismos del Estado de Derecho para procurar la pronta desaparición de la banda. Su escalada violenta fuerza al Ejecutivo a situar la lucha antiterrorista como una prioridad en la legislatura entrante, de manera muy distinta a como lo fue en la anterior. Una prioridad que el presidente no debería soslayar, por tanto, en la política de alianzas o complicidades que trate de tejer de cara a su investidura, singularmente en lo referido al PNV. La celebración hoy del Día de la Patria Vasca se presenta para el partido de Urkullu y el conjunto del nacionalismo como una convocatoria ineludible para clarificar sus posiciones tras el revés del 9-M. Hasta ahora, ni las declaraciones del lehendakari, ni las de dirigentes como Joseba Egibar, ni tampoco el contenido del manifiesto elaborado con motivo del Aberri Eguna permiten inferir que la dirección peneuvista haya interiorizado su desgaste electoral como una advertencia sobre los riesgos que comporta el escoramiento soberanista. Antes al contrario: la pretensión de compatibilizar en su discurso la apuesta por el pacto con Madrid con la reivindicación de la nación vasca como sujeto de derechos políticos delimita el modelo de renovación estatuaria que propugna el PNV, que no es otro que aquel que asuma la capacidad para decidir y la bilateralidad con el Estado. Pero esa aspiración significaría tanto como ofrecer al Gobierno una reconsideración de la consulta de Ibarretxe exigiéndole, al tiempo, que acepte los presupuestos de la misma, como fruto de una pretendida voluntad mayoritaria identificada con el nacionalismo.
