Los celos de Cataluña

Es, pues, lógica la preocupación de los dirigentes del socialismo catalán, con Montilla a la cabeza, ante la frialdad de Zapatero y de sus correligionarios. Frialdad que llegó a rozar la hostilidad en el último comité federal del PSOE, el pasado sábado, cuando los barones socialistas aseguraron, a puerta cerrada pero con voz alta y clara, que no consentirían que Cataluña negociara bilateralmente con el Estado su financiación, como requieren los partidos catalanes de acuerdo con la interpretación más literal del nuevo Estatuto.

La razón de esta situación no es simple. Hay un cúmulo de complejos elementos en la tensión reinante, a pesar de que el PSC, que acarició en un cierto momento formar un grupo parlamentario aparte en el Congreso de los Diputados, ni siquiera se ha atrevido a plantearlo. En primer lugar, el PSOE piensa -aunque no lo diga corporativamente- que lo sucedido en Cataluña en la pasada legislatura ha sido la causa del peligroso descenso del Partido Socialista en la España profunda del interior: los desastres registrados en Madrid, Valencia y Murcia, los descensos en Castilla-La Mancha y Andalucía. En segundo lugar, Zapatero no ha olvidado que tuvo que ser Artur Mas quien le sacara las castañas del fuego después de que el Parlamento de Cataluña aprobara una reforma estatutaria desaforada e indigerible, que contaba con el iluminado beneplácito de Maragall y a la que Montilla no supo oponerse con suficiente energía. Además, Zapatero ha tenido que soportar en Madrid las veleidades de los socios antisistema de Montilla en la Generalitat, con unas consecuencias muy lesivas para el crédito de la propia mayoría gobernante. satisfacción.

No es, pues, extraño que Zapatero haya manifestado con gélida claridad que las preferencias de esta legislatura no son ni el Estatuto de Cataluña ni la financiación de la Generalitat sino la lucha contra la crisis económica que nos embarga. Ni podría parecer extraño en la actual coyuntura que el Tribunal Constitucional, antes o después de su renovación, asimilase el trasfondo real del contencioso y lanzase una sentencia interpretativa sobre los recursos planteados contra el Estatut que, sin efectuar una poda del texto inadmisible incluso para el nacionalismo catalán moderado, ubicase el conjunto en un marco asimilable al régimen general, frenase las pretensiones bilateralistas y, en definitiva, facilitase la convergencia PP-PSOE sobre el particular, que será indispensable para un cierre eficaz del Estado de las Autonomías cuando concluyan sus reformas estatutarias aquellas comunidades autónomas que aún no han culminado la revisión de su carta, en línea con las seis reformas ya concluidas.

En Cataluña, como es bien conocido, la sociedad vota de forma muy distinta en las elecciones generales y en las autonómicas, consciente de lo que se juega en cada caso. Durante más de veinte años, Pujol, que ganaba siempre en las autonómicas y cedía la victoria al PSC en las generales, se benefició del argumento de que él era quien mejor interpretaba el ser catalán y mejor defendía los intereses de Cataluña en el Estado. En 2003, la retirada de Pujol, el surgimiento impetuoso -y ahora se ve que efímero- de ERC y el liderazgo de Maragall rompieron una rutina muy consolidada y abrieron una crisis que todavía no se ha cerrado. Montilla sabe todas estas cosas y teme lo que pueda ocurrir en las próximas autonómicas.