El persistente diferencial de inflación en España

¿De que depende que una economía experimente o no inflación y de que depende el nivel de ésta? La respuesta aparece en la antigua teoría de David Humes dada en el siglo XVII y llamada Teoría cuantitativa del dinero, defendida años atrás por Milton Friedman. Esta teoría también denominada «teoría clásica» parte de la consideración consistente en que la inflación se refiere más al valor del dinero que al valor de los bienes. Es un fenómeno que afecta al conjunto de la economía y se refiere fundamentalmente al valor de su medio de cambio. Una subida del nivel de precios significa una reducción del valor del dinero, ya que con cada euro podemos comprar una cantidad menor de bienes y servicios.

Las principales variables reales macroeconómicas como la producción, el empleo, los salarios reales y los tipos de interés reales, no se considerarían afectadas por las variaciones de la oferta monetaria, siendo esta la que provoca las tensiones inflacionistas. Así cuando el Banco Central duplica su oferta monetaria, el nivel de precios se duplica, el salario monetario se duplica y todos los demás valores monetarios se duplican. Sin embargo las variables reales, como la producción, el empleo, los salarios reales o los tipos de interés reales, no varían. Esta irrelevancia de los cambios monetarios para las variables reales se denomina «neutralidad monetaria».

La teoría descrita es cierta en el largo plazo, ya que los cambios monetarios producen importantes efectos en las variables nominales, como por ejemplo el nivel de precios, pero produce unos efectos inapreciables en las variables reales como pudiera ser el PIB real, pero en el corto plazo además de crear confusión presupone errores de bulto, ya que existen razones para creer que los cambios monetarios influyen de forma importante en las variables reales en períodos de entre uno y dos años.

El importante y persistente incremento de precios en la economía española en los últimos tiempos, constituye un problema grave, que va a tener una difícil solución en un país como España, que al pertenecer a la zona euro no tiene política monetaria propia, ya que esta la desarrolla el Banco Central Europeo. La tasa de inflación como fenómeno estrictamente monetario que determina la pérdida de poder adquisitivo del euro hay que circunscribirlo a todo el territorio de la Unión. Sin embargo, la economía española tiene un problema adicional al problema común que afecta a todos los Estados europeos, que deja de ser un problema monetario y que alcanza a la economía real.

Ese diferencial entre la subida de precios exclusivamente inflacionaria (inflación de la zona euro, fenómeno exclusivamente monetario) y el encarecimiento de la vida en particular en España (lo que es achacable exclusivamente a las autoridades españolas) se sitúa en el en 1,2%. Dos son sus causas fundamentales: 1º) La ausencia de un nivel de competencia suficiente en determinados mercados, que al estar fuera del alcance de la competencia internacional, eleva los precios ante la presión de la demanda interna y 2º) El exceso de gasto público como causa última y fundamental de las tensiones inflacionistas. Es en la política fiscal donde tiene sus bazas el Gobierno español para atajar la «inflación diferencial», debiendo haber sido más restrictiva, ya que el gasto público no financiero ha crecido por encima del PIB nominal y el excedente presupuestario se ha conseguido gracias a unos desmesurados ingresos tributarios.

El déficit de competencia sectorial ha sido denunciado en numerosas ocasiones por la Comisión de la Unión Europea. No sólo el Gobierno español hace caso omiso a sus recomendaciones, sino que mira hacia otro lado cuando algunas Comunidades Autónomas se empeñan en mantener intervenido el sector comercial con restricciones que alteran entre otros el derecho a la libertad de establecimiento y libertad de ejercicio del comercio. Este efecto restrictivo colisiona frontalmente con la Directiva Bolkestein, que debe ser incorporada a los ordenamientos nacionales antes de finales de 2009. Y mientras tanto, los consumidores pagamos una vez más los perniciosos efectos de una política comercial restrictiva.

Esto tiene una consecuencia inmediata, los consumidores españoles son hoy más pobres que ayer. El Gobierno español tiene la obligación de actuar para rebajar ese diferencial y converger o neutralizar la subida que provoca ese diferencial, con la tasa de inflación en la zona de la Unión, considerada ésta a todos los efectos un único mercado. Para ello lo primero que tiene que hacer es transmitir una información veraz y lo más transparente posible. Por supuesto alejarse de gestos populistas consistente en el control directo de los precios en la esfera pública. Los empresarios en su política de fijación de precios están abocado a los avatares del mercado, teniendo presente la conducta de los otros empresarios y lo que los consumidores están dispuestos a aceptar.

La mayor tasa de inflación española en relación con sus socios comunitarios tiene como consecuencia inmediata la pérdida de competitividad de las empresas en el exterior, desde luego un momento delicado por la desaceleración de nuestros principales mercados de exportación y la necesidad de que la demanda externa tome el relevo de la interna para mantener el crecimiento económico. A este respecto es preciso hacer constar que la elevada tasa de inflación española reflejada en el diferencial de inflación descompone la estructura de costes de las empresas españolas, haciéndolas más ineficientes e ineficaces que el resto de empresas europeas que no soportan ese diferencial, haciéndolas menos competitivas en resumidas cuentas. Si a ello añadimos que el 75% de nuestras exportaciones van dirigidas al mercado europeo, nuestra posición competitiva tiene un lastre que impide un adecuado y armónico desarrollo del sector exterior, que además explica otro de nuestros inconvenientes, el endémico déficit de la balanza comercial.