La reforma electoral comienza a encontrar apoyos en PSOE y PP

La reforma de la ley electoral empieza a encontrar respaldo en el PSOE y el PP después de años de negativa rotunda a encararla. Rodríguez Zapatero ve necesario abrir «una reflexión» al respecto porque la norma tiene aspectos «mejorables». Mariano Rajoy incluyó la reforma en su programa electoral. Los nacionalistas no quieren ni oír hablar del asunto. IU y Unión, Progreso y Democracia, los grandes damnificados por la ley en vigor, la defienden con denuedo.

Uno de los primeros debates de la legislatura que se avecina será el de la reforma electoral, y no será una polémica menor. Chocarán los intereses políticos con la lógica democrática, pero el veto impuesto durante los últimos años por los dos partidos mayoritarios ha perdido firmeza. El presidente del Gobierno no se cierra en banda y dos días después de las elecciones afirmó que «antes o después» habrá que acometer el cambio de la legislación electoral.

Un informe interno de la Fundación Alternativas, en la órbita del PSOE, valora «positivamente» la ley, pero admite que presenta insuficiencias, entre ellas «la sobrerrepresentación de muchas provincias con poca población» y «la subrrepresentación de partidos no mayoritarios que dispersan sus votos por todo el territorio nacional». El estudio sugiere elevar de 350 a 400 el número de diputados y reducir de dos a un escaño la representación mínima de algunas circunscripciones.

Rajoy dijo en la última campaña que la reforma sería «una prioridad básica» de la próxima legislatura porque la vigente está «caduca y pasada de moda». Pero no para democratizar el reparto de escaños sino para fijar un porcentaje de votos en todo el territorio nacional a los nacionalistas para menguar su presencia, y por tanto su poder, en la cámara baja.

Inevitable

¿Mantendrán sus opiniones cuando se abra el Parlamento? El tiempo lo dirá. Un ministro y destacado dirigente socialista cree que la modificación es inevitable porque la ley tiene 30 años de vida, cuando se aprobó la población de España era mucho menor y se determinó que la circunscripción fuera la provincia. En la actualidad, España tiene 15 millones de habitantes más y la comunidad autónoma es la unidad territorial de referencia. «Se podría incrementar el número de diputados hasta los 400 ó 500» para que la representación parlamentaria fuera acorde con la población, argumenta este ministro. En el primer caso no habría problemas porque la Constitución establece ese tope, pero el medio millar de escaños en el Congreso requeriría una reforma constitucional.

El sistema en vigor, basado en la ley del belga DHondt, prima a los partidos mayoritarios y los nacionalistas por dos razones: evita la excesiva fragmentación del Parlamento y entrega la llave de la gobernabilidad al nacionalismo en caso de que no haya mayorías absolutas. Pero hay más consecuencias que, como se ha visto este pasado 9 de marzo, perjudican a las fuerzas menores de ámbito nacional porque un importante volumen de sus votos no se traducen en nada.

La reforma de la ley, pese a los temores de muchos, no implicará un cambio en la radiografía política del país, aunque sí una menor representación del PSOE y PP. El pasado 9 de marzo los socialistas lograron 169 escaños y los populares, 154; con un sistema proporcional de circunscripción única, como en las europeas, el PSOE habría obtenido 151 diputados y el PP, 139, mientras que IU, que obtuvo dos diputados, habría sumado 13, y UPyD cuatro.

Con un sistema proporcional con circunscripciones autonómicas, el PSOE tendrá 160 y el PP, 147; IU hubiera llegado a los 14 y UPyD, cuatro. Con un sistema mayoritario con circunscripciones provinciales, en el que el partido ganador se lleva todos los escaños, el PSOE habría subido hasta los 179 diputados y el PP se habría quedado cerca con 171; el resto, nada.

En todos estos simulacros, con la excepción del mayoritario, los nacionalistas hubieran obtenido, escaño arriba o abajo, resultados muy similares a los que alcanzaron el 9 de marzo. Un hecho que demuestra que el nacionalismo no está sobrerrepresentado en la cámara baja, como sostienen los populares y algunos socialistas. Las fuerzas de filosofía identitaria suelen obtener entre el 1 y 3% de los votos del total nacional y su representación en el Congreso mantiene ese porcentaje.