La Fiscalía espera las primeras denuncias de Hacienda sobre la lista de Liechtenstein

La Fiscalía Anticorrupción espera tomar cartas en el asunto de la lista de presuntos defraudadores en Liechtenstein para finales de marzo o principios de abril, tiempo en el que a su vez la Agencia Tributaria podría disponer de un balance provisional sobre la situación fiscal de los cerca de 90 españoles que tenían depositados fondos opacos en el citado principado. Hasta el momento, la Administración ha preferido no dar datos concretos sobre este asunto, entre otras cosas porque el temor ha cundido entre una parte de esos contribuyentes que no están al día con Hacienda, y ello ha provocado que «un número considerable» haya optado por regularizar su situación -eso sí, previo pago de sanción, intereses y recargo- para librarse de consecuencias aún peores, sin descartar la cárcel para algunos.

Fuentes de la investigación hablan de un movimiento de fondos cercano a los 500 millones en el caso de los españoles, cuantía muy importante pero alejada de los 1.000 millones en que Francia cifra el presunto fraude a sus arcas (con unos 200 ciudadanos sospechosos) o de los 4.000 que estima Alemania (con un millar de presumibles evasores), todo ello a través de las más de 50.000 fundaciones privadas activas en Liechtenstein y que, en la práctica, sirven en su mayoría de tapadera para ocultar fondos.

Comunidades

No obstante, advierten que no todos los casos son iguales ni existen las mismas posibilidades de éxito a la hora de iniciar un procedimiento sancionador que, en función de la cuantía (si supera los 120.000 euros anuales) y si se aprecia dolo, terminarían en la correspondiente denuncia por supuesto delito fiscal ante los tribunales.

Sería en esta última fase, y sólo en ella, donde intervendría el órgano anticorrupción, si bien siempre para centrarse en los expedientes de mayor peso (que, en cualquier caso, en principio serían tratados de forma individual), mientras que el resto se derivarían a las fiscalías provinciales correspondientes según el domicilio de cada contribuyente. De cualquier modo, y aunque nadie quiere lanzar las campanas al vuelo, estaríamos ante el mayor proceso por posible fraude fiscal en la historia del país, con probables ramificaciones en varias comunidades autónomas -sobre todo, Andalucía, Cataluña y la zona de Levante- y vínculos con importantes inversiones urbanísticas e inmobiliarias.