Responsabilidad pendiente
Los asesinatos de Juana C. y de Sanaa Haddadi, la primera a manos de su marido y la segunda de un pretendiente no correspondido, engrosan la sobrecogedora cifra de mujeres que ven truncada su vida casi a diario por efecto de la violencia doméstica. Las investigaciones esclarecerán las circunstancias de ambos crímenes y permitirán determinar, en su caso, si el fatal desenlace podría haberse evitado. Pero la singularidad que adquieren las mujeres cuando son asesinadas sí debería llevar, cuando menos, a una reflexión sobre por qué la conmoción que provoca cada muerte no termina de redundar en una mayor concienciación política, institucional y social sobre los límites y las carencias a los que se enfrenta la legislación vigente para combatir una violencia incesante y de consecuencias colectivas.
Actualizado:Resulta elocuente el silencio con el que los partidos reaccionaron ayer ante los dos nuevos asesinatos, como lo fue su forzada reacción ante los cuatro crímenes registrados en apenas 24 horas en plena campaña electoral. El sentimiento de inevitabilidad que puede estar extendiéndose entre la ciudadanía ante la dramática cadencia de muertes obliga a sus representantes públicos no sólo a un esfuerzo continuado para que desaparezca cualquier sombra de condescendencia ante los agresores. También a efectuar un diagnóstico consensuado y realista sobre las insuficiencias en la aplicación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, la primera iniciativa legislativa que promovió el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero en 2004 y una de las contadas reformas que prosperaron en el Congreso por unanimidad. Esos déficits no quedaron consignados de forma exhaustiva y rigurosa en los programas electorales, que recogían un compendio de propuestas genéricas en materia de Igualdad y prevención del delito junto a medidas más concretas -y controvertidas- para endurecer el Código Penal; lo que incluía, por parte del PSOE, la expulsión de los inmigrantes condenados por maltrato y la creación de un registro con aquellos sobre los que pesa sentencia firme u orden de alejamiento. El Gobierno y la oposición tienen ante sí la responsabilidad de transformar la erradicación de la violencia machista en un objetivo prioritario para la nueva legislatura, lo que exige un diagnóstico compartido sobre la eficacia de las leyes, las fallas detectadas en los mecanismos de prevención y las soluciones para paliar las deficiencias propician la impunidad.