La renovación del PP

El protagonismo otorgado en 2004 por Rajoy a Zaplana un personaje muy diferente, con indudables méritos personales, que sin embargo tuvo la desgracia del ser el ministro del Interior cuando se produjo la masacre respondía a una tesis que acaba de demostrarse falsa: la de que el PP había perdido el poder por accidente y a causa del 11-M, de forma que con total seguridad lo recuperaría a la siguiente ocasión, por lo que la legislatura 2004-2008 había de ser considerada un mero paréntesis en el que no procedía hacer cambio alguno ni en la estrategia ni en los programas ni en los equipos.

Esta equivocación de planteamiento de Rajoy se ha superpuesto a otros errores todavía de mayor envergadura, y muy especialmente a su docilidad ante determinados actores mediáticos y sociales que han marcado su enclavamiento político, su agenda y su preferencias tácticas durante el cuatrienio. Por decirlo más claramente, la labor de oposición y control del Ejecutivo que debió haber ejercido el PP sobre iniciativas gubernamentales muy delicadas, como el proceso de reforma del Estatuto de Cataluña y el llamado 'proceso de paz', quedó contaminada por elementos extraños y, más concretamente, por la condescendencia con la imaginaria 'teoría de la conspiración' y por el respaldo a la actitud desaforada de ciertas asociaciones muy sesgadas de víctimas del terrorismo que, con claridad, estaban haciendo política y no defendiendo valores.

En consecuencia, si lo que pretende ahora Rajoy es normalizar la representación política que ejerce su partido sobre uno de los dos hemisferios sociopolíticos de este país, abarcando la mayor porción posible del centro, debe proceder al 'aggiornamento' interno al menos en dos planos, naturalmente vinculados entre sí: el personal, en forma de renovación generacional pacífica, y el ideológico.

Con relación a la renovación ideológica, haría mal el gran partido de centro-derecha ignorando que la nuestra es, muy mayoritariamente, una sociedad moderna y avanzada, escasamente reaccionaria en materia de costumbres y de moral pública, por lo que fracasaría cualquier involución ultraconservadora. En consecuencia, lo lógico sería que Rajoy explorase la veta liberal de la derecha, que está por cierto en la tradición de su propio partido en lo que proviene de la extinta UCD, de forma que se pueda profundizar en la dirección laica de la tolerancia y del respeto al diferente, con plena libertad para todos para expresarse y efectuar proselitismo, dentro como es lógico del marco constitucional.

La opinión pública vería con muy buenos ojos que el PP, al que se considera causante principal de la crispación durante la pasada legislatura, consiguiera a partir de ahora conciliar el más estricto control del poder con la presentación de propuestas alternativas y con el logro de algunos consensos esenciales que son inaplazables y de los que depende la buena marcha de este país. En concreto, urgen un pacto por la Justicia y un acuerdo para la reforma limitada de algunos aspectos de la Constitución. Asimismo, es completamente necesario que en esta legislatura, en que concluirá la reforma de los Estatutos de Autonomía, PP y PSOE pacten el cierre del Estado descentralizado, la clausura de un modelo que no debería volver a cuestionarse al menos en un par de generaciones.

Las mudanzas antedichas pacificarían la vida pública, demasiado convulsa últimamente, facilitarían la gestión de la crisis económica a la que nos hemos abocado y, sin duda, elevarían el crédito del PP y mejorarían sus expectativas electorales en una legislatura en que la oposición deberá hacer serios esfuerzos para mantener su protagonismo: las reformas más radicales del programa del PSOE ya están hechas y no se esperan acontecimientos aparatosos que, como el diálogo con ETA, mantuvieron viva la dialéctica PP-PSOE.