Gobierno por definir
La indiscutible victoria socialista en las elecciones generales del domingo deja aún en el aire cuál va a ser la lectura última que de su triunfo haga Rodríguez Zapatero. Si optará por dar por revalidada su trayectoria de los cuatro años anteriores, o si aprovechará el margen parlamentario con que ahora cuenta para corregir algunos aspectos de su política anterior. En su comparecencia tras la cumbre del Consejo Europeo, el presidente en funciones avanzó algunas de sus prioridades, que coinciden con el cuadro de preocupaciones ciudadanas que también ayer mostró el CIS. Pero para que la economía funcione, se cree empleo, se ganen posiciones en políticas sociales y de integración y se avance en innovación hace falta algo más que un gobierno funcional. Es imprescindible que el Ejecutivo contribuya a generar las condiciones para que la economía española continúe creciendo sobre un modelo más competitivo que, entre otros objetivos, reequilibre nuestra balanza exterior. La meta de la cohesión social constituye no sólo un objetivo de justicia redistributiva. Responde además a la necesidad de unas bases mínimas de equidad que, por sí mismas, contribuyan al mantenimiento de la demanda interior.
Actualizado:Sería una grave equivocación que, en consonancia con buena parte de la oferta electoral, las intenciones del gobierno tiendan a contentarse con cubrir determinadas necesidades sociales gracias al remanente que fueron acumulando las cuentas públicas la pasada legislatura. Porque ningún gobierno puede olvidar que el futuro del empleo y de las propias coberturas sociales depende de que la economía del país se mantenga sobre unos mínimos de crecimiento. De la solvencia y solidez de nuestro modelo de desarrollo dependerá también el peso que España tenga en el entorno europeo y, más en general, en el ámbito de las relaciones internacionales. Un capítulo en el que, sin duda, el gobierno entrante deberá esforzarse y atinar más que durante su anterior mandato. Por último, la mención que Rodríguez Zapatero hizo ayer a la lucha antiterrorista como tarea que precisaría un «gobierno más funcional» debería tener en cuenta la gran lección del fracasado intento por lograr una salida dialogada con ETA: el exceso de voluntarismo ha de dejar paso a la preeminencia del Estado de Derecho y al criterio profesional y riguroso que afronte el problema de la violencia ateniéndose a su naturaleza real más que a un horizonte deseable.