El Ayuntamiento contratará un equipo de expertos para revisar la aplicación de los valores catastrales

El Ayuntamiento contratará un equipo de expertos independientes para revisar la aplicación de los nuevos valores catastrales en Jerez como garantía de que no se cometerán errores que perjudiquen a los ciudadanos. Así lo ha desvelado hoy la alcaldesa, Pilar Sánchez, para lanzar un nuevo mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, en el sentido de que el Gobierno local viene siendo el primer y principal garante de sus derechos como contribuyentes.

Desde el respeto a la profesionalidad de los técnicos del Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, la alcaldesa estima conveniente que los jerezanos no alberguen ningún género de dudas sobre la exactitud de los nuevos valores catastrales de sus viviendas y demás inmuebles, por lo que en las próximas fechas se dará un paso más en la defensa plena de los derechos de los jerezanos y jerezanas con la contratación del citado plantel de expertos.

Esta decisión forma parte de la hoja de ruta interna que el Gobierno local diseñó en el anterior mandato, concretamente en 2006, cuando ya estaba en marcha la revisión catastral solicitada en el año 2004. En aquél año, y en evitación de un fuerte impacto en la economía de los jerezanos, solicitó la paralización de la entrada en vigor de los nuevos valores hasta que el Ayuntamiento pudiera articular los mecanismos necesarios para amortiguar los efectos fiscales de la revisión.

El segundo paso de la citada estrategia de Gobierno fue aprobar, en julio de 2007, una bonificación del IBI del 93%, de forma que en 2008 ningún jerezano pagará más de 7% respecto al año pasado.

Una vez conocida la ponencia de valores (cuya validez nadie ha cuestionado técnicamente), el Ayuntamiento dio un tercer paso el pasado 29 de febrero al aprobar en Junta de Gobierno Local los mecanismos necesarios (bonificación y reducción de tipos) para que en los próximos años de mandato el recibo del IBI no suba, en ningún caso, por encima del IPC.

En paralelo a todas estas decisiones adoptadas por el Gobierno en cumplimiento de su propio hoja de ruta, el Ayuntamiento viene manteniendo un permanente contacto con la Dirección General del Catastro y su oficina en Jerez, para conocer de primera manos las incidencias que se han ido detectando, así como para vigilar que el citado departamento cumple su compromiso de revisar y corregir de oficio los errores que se detecten en el complejo proceso de aplicación de los nuevos valores.

Más recientemente, hace una semana, la alcaldesa encargó al director general de Política Fiscal y Financiera un exhaustivo informe sobre el desarrollo de la aplicación de los nuevos valores catastrales, a fin de tener una visión de conjunto de la situación creada. Una vez que el Ayuntamiento disponga del nuevo padrón del Catastro, posiblemente en el mes de abril, encargará a un equipo de expertos independientes que realicen los muestreos, catas y análisis necesarios para garantizar que los nuevos valores son exactos en todo caso.

Este filtro se realizará con todas las consecuencias y aun cuando suponga un retraso en el cobro del IBI

“Nadie le va a marcar la agenda al Gobierno local, porque venimos trabajando en defensa de los intereses de los contribuyentes jerezanos desde el año 2006. Cuando nadie hablaba del Castastro, el Gobierno local ya estaba haciendo sus deberes en defensa del interés general de la población. Gracias a ello, los contribuyentes jerezanos tienen hoy la absoluta tranquilidad y seguridad de que la revisión catastral no les va a afectar negativamente en ningún caso”.

Por último, el Ayuntamiento recuerda, en primer lugar, que la revisión catastral es, además de una obligación legal, un ejercicio de justicia redistributiva, puesto que reparte las cargas fiscales entre los propietarios de inmuebles de tal manera que pague más quien más tiene.

En segundo lugar, subraya que nadie ha cuestionado técnicamente la ponencia de valores, y que sólo se ha puesto en cuestión la aplicación concreta de esos valores en determinados casos, por lo que el propio Catastro está actuando y deberá actuar de oficio, o a instancias de parte (ciudadanos y el propio Ayuntamiento) para corregir los errores que se detecten.

Por último, pero no menos importante, el Ayuntamiento insiste en que ya se han adoptado todos los mecanismos necesarios para que la revisión de valores tenga una incidencia mínima en los bolsillos de los jerezanos, establecida en un 7% como máximo en 2008, y el IPC el resto de ejercicios del mandato.